La inseguridad en las vías es otro gran problema nacional, por cuya razón los transportistas reclaman al Gobierno y hasta amenazan con la paralización.
Los delincuentes actúan a sus anchas. Según conductores de buses interprovinciales les bloquean el paso, amenazan y hasta “disparan sin piedad”. Les obligan a desviarse por guardarrayas donde a ellos y a los pasajeros los desvalijan por completo.
Si ponen resistencia corren el riesgo de ser heridos o asesinados. Prácticamente están en la indefensión; ni siquiera funcionan los “botones de pánico” instalados en los vehículos para pedir auxilio.
Cuentan con seis cámaras de seguridad. Tres de ellas las instaló la Agencia Nacional de Tránsito; pero, como dicen los transportistas, “la respuesta del ECU-911 es nula”.
Los efectos no se han hecho esperar: hay menos pasajeros, han restringido las frecuencias nocturnas; la gente tiene temor de viajar, incluso en sus vehículos particulares, en el caso de la sierra pese a estar en época vacacional.
Todo esto tiene repercusiones económicas. Nadie puede negar cuán importante es el sector de la transportación dentro de la cadena productiva. Lo mueve todo. Por ello su paralización le cuesta al país millonarias pérdidas.
En el caso del Azuay, ellos tienen identificados los lugares donde los delincuentes los asaltan, en especial en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal.
También operan en la Cuenca-Girón-Pasaje, aprovechando su pésimo estado. Últimamente en un tramo de la Cuenca-Oña-Loja.
De allí el reclamo al Gobierno con amenazas de por medio, y hasta de elucubrar sobre el destino de las recaudaciones por el alza del IVA.
No se conoce el mecanismo a emplearse para dar seguridad en las vías, más allá de los patrullajes, esporádicos, por cierto.
Las prácticas delictivas parecen rebasar la capacidad operativa y logística de las fuerzas del orden, y hasta arrecian con más fuerza tras un breve replegamiento.
