En la realidad social el respeto a las normas de convivencia, constitucionales y legales, son la garantía para vivir en armonía, trabajar y producir con libertad en función del bien común.
En el Estado de Derecho esta premisa es fundamental.
Sin embargo, constatamos como la anomia ética y jurídica destruye la institucionalidad y la seguridad pública afectando gravemente las relaciones sociales. El populismo autoritario se impone con cinismo contumaz, tal el caso del fraude descomunal cometido en Venezuela por el narco gobierno del autócrata Nicolás Maduro que replica con alevosía la dictadura que hace décadas asola Nicaragua en la pauta castrista que por más de sesenta años prevalece en Cuba.
Los presidentes Boric y Lula, los gobiernos y ciudadanos democráticos del mundo exigen la presentación de las actas electorales pero la dictadura reprime la protesta ciudadana.
Al efecto la OEA debe aplicar la Carta Democrática Interamericana.
Si nos quejamos de la democracia debemos reflexionar que los dictadores hacen de las suyas sin límite alguno.
En Ecuador en ejercicio de la soberanía popular debemos actuar con responsabilidad y lealtad con el interés superior del país eligiendo a quienes garanticen recuperar el sentido cívico para solucionar los conflictos sociales, vivir en paz y trabajar para el bien común. Mucho se habla de los derechos humanos, pero nada o casi nada se dice de los deberes ciudadanos. Este es el punto esencial que necesitamos.
La demagogia irresponsable del populismo penal que sacraliza las garantías jurisdiccionales en beneficio de los delincuentes desvirtuando los recursos de protección, amparo y habeas corpus tiene que ser eliminada de raíz para redefinirlas en función de la seguridad jurídica.
La nueva Constitución es imprescindible.
Las elecciones que están en proceso son el camino para rectificar rumbos y procedimientos de las funciones estatales eligiendo y designando a los mejores ciudadanos acreditados por su capacidad y honestidad probada. Es una oportunidad que no debemos perder. (O)
