Restan 16 días para el cierre definitivo del bloque 43-ITT, considerando el plazo de un año dispuesto por la Corte Constitucional tras proclamar los resultados de la consulta popular.
La pregunta sobre si se debe o no mantener bajo tierra el petróleo fue aprobada por un gran segmento de la población, si bien, como se dijo, no correcta ni oportunamente informada sobre las consecuencias para la economía nacional, aunque positiva desde la perspectiva medioambiental.
Desde cuando se publicaron los resultados, el plazo fue cuestionado con razones técnicamente fundamentadas, incluso ambientales y hasta económicas y legales, amén del impacto negativo en las comunidades adyacentes al ITT desde el punto de vista económico y laboral.
Cerrar un campo petrolero, contrario a la lógica de los jueces constitucionales, no es tan sencillo como se les ocurrió, algo similar cuando desempolvaron un proyecto de consulta casi una década después de haber sido planteada.
Entre la decisión de hacer respetar los resultados de la consulta, lo cual no está en discusión, y la imposibilidad de cerrar el ITT ni siquiera en un año, sino quien sabe en cuántos y a costos millonarios, radica la disyuntiva.
El fin del plazo está a la vuelta de la esquina, y no hay nada concreto para proceder con el desmontaje de semejante infraestructura, excepto un informe elaborado por la Comisión de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní ITT cuyas conclusiones apuntan a la imposibilidad de hacerlo en un año
Posiblemente, grupos interesados, con razón o no; incluso sectores políticos para sacar provecho en las próximas elecciones, aticen la destitución de quienes deben cumplir el mandato popular.
La técnica no siempre se lleva bien con la política, peor con el desconocimiento de cómo funciona un campo petrolero. ¿Podrá la CC reconsiderar su resolución y ampliar el plazo?
Hasta tanto, ha bajado la producción del ITT cuyas repercusiones se sentirán en la economía.
