Era un secreto a voces. En la Contraloría General del Estado, a propósito, se dejaban caducar las glosas, notificándolas a destiempo o por medio de otros mecanismos.
El actual contralor general, Mauricio Torres, dispuso la investigación en las Direcciones de Responsabilidades, de Predeterminaciones y de Revisiones.
Palabras más, palabras menos: los auditores fueron auditados. Se analizaron los exámenes especiales ya caducados. Igual las glosas incobrables.
Semejantes negligencias, “errores” dirán algunos, le habría costado al país 4 mil millones de dólares.
Funcionarios y exdirectivos involucrados han sido identificados. Dejaron caducar algunos exámenes; es decir, teniendo los resultados “no se tramitaron y caducaron”.
Según Mauricio Torres, ya se aplicaron sanciones administrativas. Pero no piensa quedarse únicamente en esto. Tiene sobradas razones para presentar las denuncias ante Fiscalía.
También se investiga sobre casos de exámenes internos, centrados en cómo se hicieron las auditorías previas, pero, contradictoriamente, no pueden cambiarse los resultados asimismo previos.
Igual, la desaparición de un informe en el despacho del excontralor general Carlos Pólit, a punto de ser sentenciado por la Justicia de los Estados Unidos.
Todo eso demuestra la existencia de visos de corrupción en la Contraloría, paradójicamente la entidad encargada de velar por el uso correcto de los dineros públicos.
No es una generalización. De ninguna manera. Hay auditores y más personal especializado; igual otros altos funcionarios, dignos de confianza y de respeto, dispuestos a cumplir su trabajo con honestidad y profesionalismo.
Por ello, la decisión de Mauricio Torres al pedir la intervención de Fiscalía es pertinente. Permitirá sancionar con el peso de la ley a los culpables, sobre los cuales quedan sospechas de si actuaron con mala fe, a cambio de, u otros motivos, para haber actuado con malicia.
