Camilo Ponce Enríquez vive el peor momento de su historia, al haberse constituido en uno de lo cantones más violentos del Ecuador.
La agricultura y la ganadería fueron, por décadas, sus principales actividades económicas. Sus tierras fértiles atrajeron a cientos de familias de otros lugares del Azuay y demás provincias vecinas.
Eso fue un factor importante para lograr la cantonización. Su prosperidad fue notoria, incluyendo la expansión urbanística.
Todo fue descubrir oro en su subsuelo y sobrevinieron los problemas ambientales por la contaminación, los sociales y los derivados por la inseguridad, cuyos efectos se desencadenan de forma estrepitosa.
Actualmente esos problemas se han desbordado con la llagada de los grupos de delincuencia organizada. Han convertido a Ponce Enríquez en una tierra de nadie. La actividad comercial casi ha desaparecido. Hasta la administración pública está en permanente peligro.
Según la Policía Nacional, hay 268 minas, cada una con una extensión de 10 hectáreas. Apenas 88 son legales. Esto demuestra la falta de control del Estado. ¿Cómo así semejante diferencia? Las entidades encargadas de vigilar, de aprobar las concesiones, o se hicieron de la “vista gorda” a propósito o se rindieron ante el poder de la minería ilegal, gemela de la delincuencia criminal.
Otro gran problema citado por la Policía son las mil trochas o rutas ilegales por las cuales circulan los grupos delictivos, dos en concreto, cuya división interna es motivo de verdaderas carnicerías humanas.
Esos grupos, apertrechados de armas de todo calibre y con informantes entre la ciudadanía, tratan de adueñarse tanto de minas ilegales como legales, y su radio de acción se extiende a otras zonas aledañas.
Si como dice la Policía, el 90 % de la economía de Ponce Enríquez está relacionada con la minería, es fácil deducir sus efectos cuando esta ha caído en manos de la delincuencia. Vale preguntar, ¿o se impone el Estado o las mafias?
