Entiendo que, hasta el viernes pasado, inclusive, se cumplía el plazo de tres días, concedido por el reglamento electoral para que, una vez inscritas las candidaturas presidenciales, las agrupaciones políticas procedan a realizar las alianzas que crean conveniente para enfrentar el proceso electoral que se avecina. Como ustedes entenderán, amables lectores, deben haber sido unos tres días de un correcorre impresionante, reuniones, llamadas telefónicas, ofertas, compromisos, intervención de intermediarios, “yo te ofrezco, busca quién te dé”, etc.
En términos generales, no creo que las alianzas políticas, “per se”, sean malas o dañinas. El último miércoles, por ejemplo, para no traer a colación más que un caso, el presidente francés Macrón se reunía con la líder de la ultraderecha Marie Lepen, para tratar sobre la designación del futuro primer ministro y consolidar una mayoría legislativa afín al gobierno. El problema radica, en el país del guineo, que estas alianzas suelen consolidarse entre gallos y media noche, y no por la hora de los arreglos, sino porque sus detalles, léase “términos del acuerdo”, no trascienden al público sino en lo que conviene a sus actores, que generalmente son los acápites menos importantes o superfluos. El “lomo fino”, los ítems realmente “cogedores”, esos se guardan celosamente en el cajón de algún escritorio lujoso o en el portafolio raído de algún prehistórico dirigente político.
Que diferentes serían las alianzas políticas, si la transparencia fuera su principal característica. Si los intereses de las agrupaciones involucradas en las mismas, se encontraran subordinadas a los intereses de la nación. Si en el proceso de su elaboración se dejara de lado el manoseo de la administración de justicia y de los organismos de control. Si el irrestricto apego a la constitución y las leyes vigentes fuera una condición ineludible de cualquier entendimiento político.
Por ello, en caso de que se haya dado alguna alianza, vamos a confiar en que los términos de los acuerdos se hagan públicos, sin ningún tipo de restricciones, porque así lo exige, el derecho ciudadano y la honestidad política. (O)
