Dos propuestas para introducir cambios en la Constitución copan la agenda de la discusión ciudadana, sólo superadas por la crisis eléctrica o bien para amortiguarla.
La una se relacionada con un proyecto de reforma parcial del artículo 5 de la Carta Magna, relacionado al uso de bases militares ecuatorianas por sus similares de otros países, concretamente de los Estados Unidos.
La otra para reformar el artículo relacionado con el financiamiento, por parte del Estado, de las campañas electorales.
Las dos propuestas provienen de inquietudes colectivas ampliamente comentadas, en especial en estos últimos tiempos cuando arrecian los grupos de delincuencia organizada, calificados por el Gobierno de terroristas, y en cuya cima está el narcotráfico.
Igual, cuando el pueblo mira estupefacto la cantidad de partidos y movimientos con la consiguiente proliferación de candidaturas, como ocurre ahora con 17 aspirantes a la Presidencia de la República.
En el primer caso, muchos atribuyen a la salida forzada de los militares estadounidenses de la Base de Manta el auge descontrolado del narcotráfico cuyos tentáculos tienen en vilo al Estado, habiendo permeado la propia institucionalidad.
El Gobierno apunta al restablecimiento del apoyo militar extranjero usando aquella Base, no creándola ni dándole todas las discrecionalidades.
Con ese fin busca el apoyo popular en las urnas, vía referéndum, siempre y cuando pasen por los filtros legales correspondientes.
El pueblo, según piensa el Gobierno, debe pronunciarse sobre si quiere o no la continuidad del financiamiento estatal para las campañas políticas.
¿Busca, acaso, enancar los posibles réditos electorales de esas dos propuestas en la campaña del presidente-candidato?
Alcancen o no a materializarse, sobre todo a convocarse junto con las elecciones presidenciales, la sola discusión pondrá al descubierto quienes están a favor o en contra y eso podría direccionar el voto.
Una pieza al más puro estilo del ajedrez político. El tiempo lo dirá.
