A estas alturas, cuando el país está sigue inmerso en problemas por demás graves como la inseguridad y los apagones, están demás intrigas y enconos entre las más altas autoridades del Estado.
Los ecuatorianos ya deben ver estar irritados al ver cómo los responsables de llevar al país a buen puerto, gastan sus energías, pasan el tiempo o hasta no duermen en paz al demandarse entre sí, al contrademandarse, al amenazarse entre sí, en muchos casos, a lo mejor, para estar a tono con las aspiraciones políticas del gobernante.
De la violencia política de género se han tomado muy a pecho la Vicepresidenta Verónica Abad, la canciller Gabriela Sommerfeld, la asesora presidencial Diana Jácome, y hasta el propio Presidente Daniel Noboa o el exviceministro de Gobierno Esteban Torres.
Abad demandó al resto de nombrados por aquel tipo de violencia. A su vez fue contrademanda.
Dentro ese panorama, la Canciller acaba de presentar otra demanda en contra de Abad. Así las cosas, ya no se sabe quién demanda a quién.
Ahora Sommerfeld la demanda por versiones dadas en una entrevista. Según ella, Abad la acusa por ejecutar el decreto presidencial por el cual la Vicepresidenta debe cumplir funciones de embajadora en Israel, por ahora desde Turquía, cuya demora en trasladarse de un país a otro también es objeto de un sumario administrativo con el cual se busca destituirla, aunque legal y constitucionalmente sea imposible.
El Tribunal Contencioso Electoral es el escenario en el cual debe resolverse esos diferendos, vale decir la disputa política entre actores disimiles. La una por creerse con derecho a suceder temporalmente a Novoa (y de verdad la tiene); las otras por, disimuladamente, impedírselo.
Abad incluso pidió a la Asamblea enjuiciar políticamente a la Canciller y a la ministra de Trabajo por supuesta persecución política.
Muchos la calificarán hasta de una “pelea entre mujeres”. Como lo tomen, pero es un desgaste de energías, y el Ecuador no está para esto.
