Aunque la norma busca incentivar la inversión privada, la eliminación de garantías la desanimará.
Este domingo 20 de octubre el pleno de la Asamblea Nacional realizó el primer debate de la nueva Ley Energética, propuesta por el presidente Daniel Noboa, que recibió el apoyo de la mayoría de los bloques parlamentarios; sin embargo, también se criticó duramente la actual crisis eléctrica y el cambio que se realizó a la garantía para el pago a las empresas proveedoras que desanimaría la inversión.
En la propuesta que Noboa remitió a la Asamblea se incluyó un artículo que establecía que, para asegurar el pago a las empresas proveedoras de energía se emitan garantías por parte del Estados; sin embargo, este artículo fue eliminado por la Comisión de Desarrollo Económico, que es presidida por la gobiernista Valentina Centeno.
Jorge Acaiturri (PSC), señaló que era importante modificar la propuesta del primer mandatario, porque sino el Gobierno tenía la obligación de comprarle toda la energía que generen los privados, con el cambio, si los empresarios deciden inviertir lo harán bajo su propio riesgo.
“Si no se les puede pagar a los prestadores de salud, creen que se le va a pagar a los proveedores de energía, ya sabemos que no, el Estado ecuatoriano se encuentra en una situación de insolvencia total, entonces, ahora quien invierta va a ser a riesgo propio, eso sí, van a poder comerciar entre privados”, recalcó Acaiturri.
A la legisladora Lucía Posso le preocupa que la eliminación de las garantías, en lugar de incentivar la inversión privada, que es el objetivo de esta ley, la aleje, porque es precisamente la falta de seguridad jurídica uno de los temas que ha impedido que al país llegue más recursos económicos.
“Hay algo que me desconcierta, la Comisión elimina las garantías de pago en favor de los inversionistas, cuando es precisamente esa ausencia la que ha impedido que los interesados en estos proyectos puedan intervenir, lo que ha mantenido represados proyectos que tienen que ver con energía fotovoltaica, eólica, que son importantes y que se siguen desechando”, afirmó Lucía Posso.
Más agilidad en los procesos
Lo que sí ha mantenido el proyecto de ley es una de las propuestas del presidente Daniel Noboa que buscan agilizar que entren en operación proyectos de hasta 100 megavatios, actualmente el límite para someterse al proceso abreviado es de 10 megavatios.
Valentina Centeno, ponente de la norma, resaltó que con el cambio se permitirá que proyectos de hasta 100 megavatios pasen por un proceso de contratación que durará máximo 8 meses, mientras que por el sistema de contratación pública regular puede tardar hasta 107 meses.
Según informó ayer Centeno, en el Ministerio de Energía y Minas se encuentran en espera de tratamiento al menos 38 proyectos de generación de energía que se enmarcan en el nuevo límite y que podrían someterse al procedimiento corto, pues el actual techo para acceder a este beneficio es de 10 megavatios.
Las críticas al proyecto y al Gobierno
Que la actual crisis energética no solo es solo responsabilidad de los anteriores gobiernos, sino también del actual; que una reforma legal por sí sola no solucionará la crisis energética; y que se debe abrir la inversión a todos los proyectos, no solo los de energía renovable no convencional, fue un discurso recurrente entre los legisladores, durante el primer debate de la nueva Ley Energética.
Las críticas más fuertes provinieron del correísmo, por ejemplo, Brasco Luna, quien integra la Comisión de Desarrollo Económico, calificó a la norma como “un simple distractor”, pues no solucionará nada, mientras no se elimine el subsidio eléctrico a las empresas mineras y no se invierta en nuevos proyectos energéticos.
Tras el cierre del debate, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico, a fin de que se sistematicen las observaciones formuladas en el pleno y se redacte el respectivo informe para segundo debate.
