Se viene una dura tarea para el Gobierno: dar seguridad a los 16 o 17 candidatos a la presidencia de la República, entre ellos al actual mandatario Daniel Noboa, aspirante a la reelección.
La Policía elaborará los perfiles de riesgo de cada candidato en base informes de inteligencia y otros detalles inherentes a su oficio y responsabilidad.
Eso debe estar en pleno proceso. Así lo entendemos, como también la realidad sobre la cual gira el rol de los organismos de seguridad del Estado.
Cada uno de los presidenciables exigirá se le dote de un vehículo blindado, el número suficiente de policías especializados, más otra logística encaminada a garantizarle su movilización durante la campaña electoral.
Todo eso implicará un altísimo presupuesto, cuya suma pondrá a tambalear la caja fiscal, obviamente si el objetivo es garantizar la seguridad de los tantos candidatos, como es obvio suponer.
Pero ¿será posible semejante dotación? Los niveles de riesgo, ¿serán los mismos para cada aspirante al poder? A su debido tiempo habrá respuestas para estas y otras interrogantes.
Lo ocurrido con el entonces candidato Fernando Villavicencio, hablamos de su vil asesinato, es un precedente nefasto. Precisamente acabaron con su vida porque el Estado no le brindó la seguridad necesaria, considerando, además, su trayectoria política llena de denuncias en contra de las mafias del narcotráfico, de la corrupción al más alto nivel, todas ellas comprobadas.
Eso no puede volver a ocurrir. Claro, ni mucha confianza, ni muchos alardes como para llamar la atención, peor hacerse las víctimas.
Las bandas narco criminales, con ligazón en casi todos los ámbitos de la vida nacional, posiblemente pretendan sembrar miedo y pánico, demostrar su poderío y ensombrecer la campaña.
En estos últimos días, dos presidenciables han denunciado amenazas en su contra. Las investigaciones determinarán cuan verdaderas son.
