La administración de Daniel Noboa está por cumplir un año en el poder, enfrentando la inseguridad como desafío constante y una crisis energética aún sin resolver. A pesar del panorama incierto actual, la aprobación de su gestión no difiere mucho del comportamiento observado con sus antecesores. Los mandatarios suelen iniciar con una elevada aprobación, fruto del impacto inicial que genera la percepción de cumplimiento de su principal promesa. En el caso de Lasso, fue su campaña de vacunación; mientras que con Noboa, fue la estrategia militar implementada como respuesta a la situación de inseguridad generada en enero pasado. Sin embargo, la dificultad de gobernar radica en sostener ese apoyo mayoritario inicial mediante una gestión capaz de generar consenso.
Noboa aún no ha mostrado resultados concretos derivados de los esfuerzos que ha comunicado. En su lugar, ha optado por un giro hacia una gestión y comunicación de corte electoral, donde predomina la estrategia del ataque.
En abril, tras la intromisión en la embajada mexicana, Daniel Noboa, desde una postura más electoral que gubernamental, optó por posicionarse como el abanderado de la derecha y del anti-correísmo. Este enfoque le ha permitido articular una narrativa que ha marcado la pauta de sus discursos y enfrentamientos, tanto en el legislativo como en algunos medios y frente a políticos de la oposición, entre ellos Abad, Topic, Santiago y Borja, por mencionar algunos.
Si bien no ha resuelto la crisis energética, sí ha logrado gestionar, en parte, la falta de liquidez en las finanzas públicas gracias a los resultados de la negociación con el FMI. A pesar de las recientes noticias provenientes de las cárceles, es evidente que las tragedias reportadas son visiblemente menores en comparación con las ocurridas durante la administración de Lasso. No obstante, los apagones representan un desafío económico significativo que podría poner en riesgo los esfuerzos realizados desde el Ministerio de Finanzas.
A la administración de Noboa le quedan solo unos meses. En febrero próximo enfrentará su prueba de fuego: la población decidirá si le otorga una oportunidad más o considera que este gobierno de transición ha llegado a su fin.
