Los legisladores archivaron la reforma a la Ley de Lavado de Activos, por incluir un impuesto a la venta de vehículos.
El pleno de la Asamblea Nacional, con 84 votos a favor, negó y archivó el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, presentado por el presidente Daniel Noboa con carácter urgente en materia económica; los legisladores decidieron no aprobar más normas que contengan impuestos.
La decisión de los legisladores de archivar la norma en el primer debate se basó en que el primer mandatario incluyó un impuesto que se aplicaría a la compra y venta de vehículos usados, con lo que se pretendía regular este negocio que, según se argumentó en la propuesta, sería vulnerable al lavado de activos.
Pero para los bloques de Construye, el Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana, así como un grupo de independientes, la propuesta era meramente recaudatoria, por lo que no se le dio paso.
El artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que una propuesta de ley puede ser archivada en el primer debate, siempre que se cuente con una mayoría absoluta, es decir, 70 votos, lo cual se alcanzó.
El argumento para el archivo
Para Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, proponente del archivo de la norma, el impuesto que se pretendía incluir no cumplía con el objetivo que se planteaba, que era controlar la actividad comercial de compra y venta de vehículos, ya que actualmente los patios reportan sus movimientos a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), institución que verifica el origen lícito del dinero.
Además, Peñafiel rechazó que la norma sea considerada urgente, como lo señaló el Gobierno, con lo que buscaba que se la analice en 30 días; también se criticó la unidad de la materia de la ley, pues se incluían temas que no guardaban relación entre sí, como la creación de tributos, competencias de tránsito y hasta reformas a la Ley del Deporte.
“Crear un nuevo impuesto para las familias que compran un auto usado, definitivamente no es urgente, ni implicará un gran cambio en los problemas del país”, argumentó Construye en un comunicado.
Por su parte Vicente Taiano, del PSC, recalcó que, siguiendo la línea ideológica de la organización política, no apoyarían a la creación de un nuevo impuesto; además señaló que actualmente existe un marco jurídico que combate el lavado de activos, el cual debe ser aplicado.
Un golpe al país
“No es un golpe al Gobierno, no es un golpe al presidente, es un golpe al país”, afirmó Nathaly Farinango, de las filas de ADN, después de la votación en el pleno, quien acusó a los legisladores que se opusieron a la norma de estar a favor del crimen organizado y del narcotráfico.
“Todos se han confabulado en contra del presidente (Daniel Noboa), que ha sido el único que le ha declarado de frente la guerra al narcoterrorismo (…) mientras le niegan al país una ley contra el crimen organizado”, afirmó Farinango.
Valentina Centeno, también de la bancada de ADN, señaló que, aunque la ley contempla la posibilidad de archivar un proyecto de ley en el primer debate, esto no se aplicaría para las de carácter económico urgente, por lo que los legisladores de oposición, a su criterio, habrían vulnerado la Constitución.
Asamblea sacó impuestos de otra ley
En materia tributaria el Gobierno tuvo otro revés en la Ley de Alivio Financiero; antes del primer debate se excluyeron algunos tributos que el mandatario incluyó en su propuesta inicial y existiría un acuerdo para descartar un cambio en el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas mineras.
Fueron sacados de la reforma la propuesta inicial del presidente Daniel Noboa, que pretendía imponer el pago del Impuesto a la Renta a las universidades privadas; también se quitó la propuesta para que las personas crucen el pago de tributos con donaciones a la Policía y las Fuerzas Armadas.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería, fue recibida en el pleno de la Asamblea, donde anticipó los problemas económicos y jurídicos que enfrentará el país si es que se elimina la devolución del IVA a este sector; de acuerdo con el debate de ayer, existiría apoyo para descartar este cambio, pues las empresas podrían demandar al Estado, por incumplimiento de los contratos.
