La brecha de ingresos se reduce, peropermanece. En Ecuador, la desigualdad económica ha sido una preocupación histórica. Durante la última década, indicadores como el coeficiente de Gini han mostrado una ligera mejoría, reflejando una reducción en la brecha de ingresos gracias a políticas de redistribución, como bonos sociales y subsidios focalizados, y al crecimiento de sectores productivos. Sin embargo, a pesar de estas cifras alentadoras, el malestar social persiste en amplios sectores de la población, lo que cuestiona si estamos midiendo adecuadamente la desigualdad en el país.
Los indicadores tradicionales, centrados en los ingresos, no capturan completamente la realidad ecuatoriana. Por ejemplo, aunque el ingreso promedio de los sectores más vulnerables ha aumentado, el costo de bienes y servicios esenciales, como la educación, la salud y la vivienda, sigue siendo prohibitivo para muchas familias. Además, en regiones rurales y comunidades indígenas, donde la pobreza multidimensional es más evidente, la falta de acceso a infraestructura básica y servicios públicos adecuados sigue alimentando la percepción de desigualdad.
Un factor crucial en Ecuador es la concentración de riqueza. Mientras las políticas públicas han intentado reducir la desigualdad de ingresos, la riqueza sigue concentrada en manos de un pequeño porcentaje de la población. La informalidad laboral y la ausencia de programas robustos para fomentar la acumulación de activos en los hogares de bajos ingresos perpetúan un ciclo de desigualdad intergeneracional.
Otro elemento que contribuye al malestar social es la desigualdad de oportunidades. En muchas regiones del país, especialmente en áreas rurales y zonas periféricas de las ciudades, el acceso a educación de calidad y empleo digno es limitado. Estas barreras estructurales alimentan una sensación de exclusión que no se refleja en los indicadores tradicionales.
Por último, las percepciones juegan un papel clave en el contexto ecuatoriano. En una sociedad donde las diferencias económicas son visibles y la movilidad social es limitada, el descontento no solo surge de las brechas productivas, sino también de la percepción de injusticia. La crisis económica de los últimos años, exacerbada por la pandemia, ha intensificado estas tensiones. En definitiva, si bien los datos muestran una reducción en la brecha de ingresos en Ecuador, persiste una desigualdad más compleja que afecta el bienestar general. Es crucial ampliar las métricas utilizadas para medir la desigualdad, incorporando dimensiones como la calidad de vida, el acceso a oportunidades y la concentración de riqueza. Solo con un enfoque integral se podrán diseñar políticas efectivas para reducir el malestar social y construir una sociedad más equitativa. (O)
