Desde este 10 de diciembre de 2024, en el Registro Oficial (órgano de publicación y difusión de leyes) ya consta la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida mejor como la «Ley Antipillos».
Este nuevo precepto, promovido por el gobierno de Daniel Noboa, ha traído una serie de debates, sobre todo luego de su registro.
La Ley Antipillos, que fue enviada a la Asamblea Nacional el 7 de noviembre de 2024, fue rechazada por gran parte de los asambleístas del país. Las razones, entre otras, se debían a que la ley no trataba, como se debía, el lavado de activos.
En el primer debate del precepto, la Asamblea archivó la propuesta de Noboa.
Aun así, el presidente promulgó la ley y este 10 de diciembre de 2024 ya consta en el Registro Oficial.
Para la Asamblea Nacional, el registro significó un «apagón jurídico en Carondelet» porque decretó una ley sin cumplir con lo que dice el artículo 140 de la Constitución.
¿Qué es la Ley Antipillos?
Según el presidente Noboa, a través de la ley, se pretende combatir el lavado de activos por parte de las organizaciones criminales.
Para armar la ley se consideraron algunos sectores en donde, de acuerdo a la tesis del gobierno, se han identificado los delitos fiscales, entre estos, la venta de vehículos.
Por ello es que, con la Ley Antipillos, se establece un impuesto a la transferencia de los vehículos usados que están destinados al transporte terrestre. El objetivo del impuesto es formalizar la comprar y venta de vehículos en Ecuador.
A eso se suma reformas institucionales para combatir el lavado de activos. Por ejemplo, según lo descrito en la ley, se busca fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a través del cobro de multar por el no cumplimiento de las obligaciones. (I)
