El anuncio gubernamental de eliminar los apagones a partir del 20 de diciembre fue una noticia esperada por las familias ecuatorianas, ansiosas de disfrutar de un feriado sin los contratiempos que ocasionan las restricciones eléctricas. Sin embargo, la noticia de un apagón programado para el sector industrial a partir del 15 de diciembre contradice esta breve tranquilidad y pone en duda la capacidad energética y la solvencia económica del país.
El gobierno explicó que la infraestructura termoeléctrica, reforzada mediante la compra o alquiler de equipos, la reactivación del sistema Toachi–Pilatón y la compra de energía desde Colombia, permitiría superar la crisis energética. Además, se mencionaron proyecciones climatológicas favorables, que avizoraban mejores condiciones hidrológicas. No obstante, algo parece haber cambiado. El anuncio de restricciones de energía para las industrias clasificadas en los grupos de Alto Voltaje 1 y Alto Voltaje 2 ha generado preocupación en el gremio empresarial e industrial nacional, cuyos representantes han expresado públicamente su desconcierto.
El discurso gubernamental pierde credibilidad si, en su intento por demostrar una gestión económica eficiente, utiliza al sector empresarial e industrial como daño colateral de decisiones que, a todas luces, parecen estar motivadas por intereses electorales. Las festividades familiares tendrán luz, pero esto será a costa de un sector productivo que enfrenta riesgos graves: menor empleo, reducción de competitividad y millonarias pérdidas económicas.
El gobierno parece más enfocado en los números del 9 de febrero que en los indicadores reales que afectan a los ciudadanos: el incremento de secuestros, el decrecimiento económico y las consecuencias de una crisis energética que no termina de resolverse.
