Una orden judicial emitida para el traslado de dos personas privadas de la libertad –presuntos brazos armados de los R7– desde el Centro de Rehabilitación Social Guayas N. 3 a Santo Domingo de los Tsáchilas, generó rechazo en el Gobierno Nacional.
La orden, emitida este martes 27 de diciembre de 2022 al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), establece el traslado de Ángelo Xavier Achile Mite (alian Negro Ángelo) y Kevin Javier Manzaba Farías, presuntos responsables de la muerte de 40 privados de libertad en Santo Domingo de los Tsáchilas, en una masacre ocurrida meses atrás.
A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Comunicación informó que esta decisión “pone en riesgo la estrategia gubernamental implementada” para resguardar el interior de los centros de rehabilitación social.
Asegura que con esto se anteponen los intereses personales de los dos privados de libertad “por encima del bienestar del país”.
El Gobierno planteará una revocatoria por la competencia, pues quien emitió la orden fue el juez multicompetente de Yaguachi, John Erick Rodríguez.
