Viviana Veloz, presidenta de la Comisión parlamentaria del caso denominado «Encuentro», que investiga un presunto entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, criticó la inasistencia del jefe de Estado, Guillermo Lasso, llamado a comparecer este lunes para avanzar en el caso.
Para la opositora legisladora, la inasistencia del gobernante «significa darle la espalda al pueblo ecuatoriano y a la verdad».
«Parecería que el presidente de la República, Guillermo Lasso, busca garantizar la impunidad de los delitos cometidos, con la finalidad de proteger a su círculo más cercano, a su gran cuñado, el señor Danilo Carrera, y evitar que los responsables de este entramado de corrupción paguen ante la justicia por sus actos ilícitos e ilegales», dijo Veloz.
El medio digital «La Posta» ha revelado un presunto entramado de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en empresas públicas del sector eléctrico y mencionado como el supuesto «padrino» al empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso, quien ha rechazado enfáticamente las acusaciones.
«CUENTA REGRESIVA»
Durante la sesión de la comisión, Veloz le advirtió públicamente a Lasso: «Señor presidente, ha iniciado una cuenta regresiva. Tiene menos de diez días para darle la verdad al país, menos de diez días en los que concluye esta comisión su fase de investigación y, posteriormente, entregar su informe al país y al pleno de la Asamblea Nacional».
Y añadió su hipótesis: «Estamos ante un Gobierno cleptocrático, autoritario y patrimonialista».
«Cleptocrático -dijo- porque parecería ser que han hecho del robo la característica de este régimen, porque han generalizado la corrupción en las empresas públicas, porque el presidente de la República y sus funcionarios han pervertido a las instituciones».
Añadió que el Gobierno es -en su opinión- «patrimonialista porque parece que el presidente quiere manejar al país como si fuera de su propiedad, obstruye el trabajo de la Comisión, impidiendo que sus ministros acudan a dar la cara al país, obstruye que no remitan los requerimiento de información».
Veloz consideró que es «autoritario porque con su actuación rompe la independencia de funciones (poderes del Estado), obstruye la justicia, rompe el principio de transparencia».
ROTACIÓN POLICIAL
El pasado domingo, la Fiscalía General del Estado pidió al Ejecutivo que decline la acción de rotación del personal policial asignado a esa entidad que apoyaba en investigaciones anticorrupción con vinculaciones a altas autoridades del Ejecutivo.
En un comunicado pidió al Ministerio del Interior que «deje sin efecto el traslado temporal del equipo operacional de investigación de la Policía Nacional que labora en la institución, así como de la cúpula de seguridad» para las máximas autoridades del Ministerio Público.
Veloz dijo este lunes que, «aunque cambien a todos los policías que están realizando la investigación una y otra vez, las pruebas ya son irrefutables».
El ministro del Interior, Juan Zapata, compareció este lunes ante la Comisión y explicó que «6.361 servidores policiales fueron trasladados por el Plan de Rotación de la Policía durante el año 2022, mientras que en lo que va de 2023 se han realizado 2.982 traslados por distintas causas».
Zapata aseguró que la rotación del personal de la Policía es normal en la institución: «Se realizará una transición ordenada para no entorpecer procesos investigativos. Tenemos que dar tranquilidad y confianza a la Fiscalía y la ciudadanía».
«No es una intromisión a la Justicia, quienes manejan los procesos investigativos son los fiscales», aseveró.
Y afirmó: «Prestaremos nuestro contingente para que caiga quien tenga que caer. La Policía tiene el derecho de cumplir con sus procesos internos y rotación. No se está haciendo ningún acto ilícito». EFE
