Los integrantes de la Mesa de Erradicación de la Violencia de Género de Cuenca se reunieron ayer e hicieron un fuerte llamado de atención al sistema de justicia de Ecuador por la liberación de Carlos Flores Santander y Luis Eduardo Cordero.
Flores está acusado del femicidio de Cristina Palacio, ocurrido el 28 de marzo de 2017. Recibió una pena de 34 años, mientras que Cordero asesinó a Bertha Minchala el 16 de noviembre de 2016. Fue sentenciado a 34 años y ocho meses.
Ambos cumplían su condena en la cárcel de mínima seguridad de Azogues, pero salieron en libertad el jueves 2 de marzo tras recibir medidas cautelares por parte de Gina Zambrano, jueza de Montecristi, Manabí.
La magistrada revocó su dictamen y la Policía Nacional inició una búsqueda para recapturar a los femicidas. Cordero se entregó voluntariamente el último domingo, mientras que el paradero de Flores aún es desconocido.
Resoluciones
Gabriela Brito, concejala electa y presidenta de la Mesa de Erradicación de la Violencia de Género de Cuenca, explicó que en este encuentro también trataron el caso del femicidio de Maribel Castillo suscitado el 21 de febrero de este año.
“Las familias de las víctimas están muy indignadas, están reclamando la indolencia del sistema judicial y también el uso y el abuso de algunas herramientas jurídicas, que han asumido arbitrariamente algunos jueces…”, precisó.
Acotó que entre los planteamientos que hicieron en esta mesa están conformar un frente cívico para hacer un seguimiento a las hojas de vida de los jueces, con el fin de detectar irregularidades y hacerlas públicas.
Igualmente pidieron que el Ministerio de Salud Pública (MSP) haga seguimiento al historial de salud de los reclusos, pues uno de los principales argumentos para pedir la libertad es que padecen de enfermedades.
Pues así lo hicieron Flores y Cordero. El primero de ellos alejó una enfermedad mental, que requiere tratamiento médico oportuno, y el segundo, dijo que padece de leucemia linfoide, y que requiere asistencia médica.
Llamado de atención a la justicia
Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte de Justicia de Azuay y también miembro de esta mesa, explicó que los dos femicidas liberados fueron condenados en el un caso por el Tribunal Penal de Cuenca, y en el otro, por la Sala de lo Penal.
“Nos preocupa por qué femicidas de este tipo están en cárceles como la de Azogues, que no es de máxima seguridad. Los femicidas tienen que estar en cárceles de máxima seguridad…”, insistió.
Acotó: “para mi el caso de la jueza (Gina Zambrano) es completamente grave, es inusual que se den estas cosas y que todo el trabajo de la justicia se vaya al tacho de la basura… No hay espíritu de cuerpo en la justicia ecuatoriana…”.
Para Leonardo Amoroso, fiscal provincial de Azuay, “se está haciendo un uso y abuso de las medidas cautelares que prevé la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y la Constitución de la República”.
Advirtió que también hay otros casos de personas que han cometido delitos con penal altas y han sido liberadas con estas acciones legales. “Lo que llama profundamente la atención es que todo se da en la provincia de Manabí”.
Añadió: “eso hace pensar que de por medio hay un tema de corrupción, de que los jueces sin mayor análisis están haciendo como dije uso y abuso de estas figuras y es lamentable”.
Ratificó que quienes tienen condenas altas deben estar en centros carcelarios de seguridad máxima, lo que debe ser tomado en cuenta por los jueces de garantías penitenciarias.
Judicatura
Karina Alvarado, nueva directora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Azuay, indicó que esta institución tiene la tarea de intervenir en los casos en los que no se da el debido proceso.
Sin embargo, aclaró que primero se necesita una declaratoria judicial de negligencia que la da un juez superior al que emitió el dictamen. Solo así se puede iniciar una investigación.
“Nos hemos comprometido para hacer llegar al presidente de la Judicatura (Wilman Terán) las inquietudes que salgan de la mesa para nosotros apoyar en esto y que se puede llegar a una sanción…”, señaló.
Cifras
- 1 de marzo se emitió la orden de excarcelación en beneficio de Carlos Flores Santander y Luis Eduardo Cordero.
- 26 presos de varias ciudades del país han sido liberadas por resoluciones de Gina Zambrano, jueza de Montecristi, Manabí.
- 141 es el artículo del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifica el femicidio, con una pena de 22 a 26 años.
Detalles
La Policía Nacional busca a Joan Cañarte, como el principal sospechoso de la muerte de Maribel Castillo, que desapareció el 21 de febrero desde el sector de Las Orquídeas.
Sonia Salamea, madre de Cristina Palacio, víctima de femicidio, participó ayer en la reunión convocada por la Mesa de Erradicación de la Violencia de Género de Cuenca.
