La minería irregular e ilegal de oro se ha enquistado indomable en las cercanías de Tena, uno de los destinos turísticos más visitados de la Amazonía, donde este fenómeno está engullendo la naturaleza que atrae a sus visitantes y dividiendo a familias y comunidades enteras.
A pocos kilómetros de Tena, capital de la provincia de Napo, se encuentra Yutzupino, considerado uno de los epicentros de la minería irregular e ilegal de Ecuador y localizado sobre el río Jatunyacu, que al unirse con el Anzu forma el río Napo, afluente del Amazonas.
Hasta finales de 2022 eran 125 las hectáreas deforestadas por la minería en este enclave, según los datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), que documenta la deforestación de los bosques amazónicos a partir de imágenes de satélites.
Solo en el año pasado fueron 55 hectáreas, un 78 % más que la superficie abarcada anteriormente, de acuerdo a un informe del MAAP publicado en marzo y dedicado especialmente a la provincia ecuatoriana de Napo.
Esto incluso después de que en febrero de 2022 el Gobierno hiciera un gran operativo donde fueron decomisadas más de 140 excavadoras, utilizadas para remover el lecho y las riberas del río.
Fenómeno acelerado por pandemia
«Con la pandemia, a partir de noviembre de 2021 empezaron a ingresar de forma masiva, contándose alrededor de 250 máquinas, que después sólo 148 fueron incautadas», señala el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Napo, Andrés Rojas.
«Desde entonces, las cosas no se han frenado, sino que se han multiplicado. Tenemos alrededor de 36 frentes mineros que concentran entre 200 y 250 máquinas en toda la provincia y el nivel operativo del Estado es insuficiente para lograr controlar y erradicar estas actividades mineras ilegales», lamenta.
Esta situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por colectivos ambientalistas como Napo Ama La Vida, que consideran ilegal tanto la minería practicada fuera de concesiones mineras como aquella realizada dentro de ellas, pero sin los permisos de operación respectivos.
Ante ese escenario, la Defensoría del Pueblo solicitó una acción de protección por vulneración de los derechos de la naturaleza, al deforestar bosque y contaminar ríos; y de la consulta previa, libre e informada, pero la resolución judicial sólo aceptó la primera y ordenó restaurar lo vulnerado, algo que no se ha producido.
A la espera del fallo de la Corte
Ahora ha insistido con una acción extraordinaria presentada ante la Corte Constitucional para que se invaliden todas las concesiones mineras otorgadas en Napo por no haberse realizado una consulta previa.
«Estamos seguros de que la Corte fallará a nuestro favor, porque existen precedentes«, dice Robles al rememorar el caso Sinangoe, donde el máximo tribunal de garantías de Ecuador revertió las concesiones mineras establecidas en su territorio por no haberse obtenido antes la autorización de la comunidad indígena.
«De la misma forma es replicable a la provincia de Napo», insiste el delegado de la Defensoría en una provincia que a fines de 2022 tenía 256 zonas dedicadas a actividades mineras que ocupaban el 3 % de la superficie provincial, de acuerdo a los datos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
De estas, 77 eran concesiones mineras, 68 áreas de libre aprovechamiento y 111 zonas dedicadas a minería artesanal, la mayoría para extraer oro y materiales pétreos.
«En el momento que se declare el territorio de Napo libre de concesiones mineras», el siguiente paso sería «promover una consulta popular para que se declare el territorio de Napo libre de actividad minera metálica«, afirma Robles.
Se trataría de un plebiscito similar al que se votará en Quito el próximo 20 de agosto, en coincidencia con las elecciones generales extraordinarias, para prohibir cualquier tipo de minería en el Chocó Andino, una reserva de la biosfera situada dentro del área metropolitana de Quito.
Familias enfrentadas
Aguas más abajo se encuentra Huambuno, otro importante enclave minero, que a final del año pasado registraba 238 hectáreas deforestadas, de ellas 67 fuera de las concesiones mineras, de acuerdo al MAAP, un proyecto de Conservación Amazónica que tiene como socio en Ecuador a la Fundación Ecociencia.
Sobre esas mismas aguas del río Napo hacen «rafting» (descenso en balsa) los turistas que llegan a la zona, con guías como Daniel Robles, que afirmó a EFE que la minería ha dividido por completo a su familia e incluso ha sufrido amenazas de muerte de sus parientes.
«Me han lanzado piedras, me han mostrado machetes, pistolas y fusiles… y ahora por último está de moda las amenazas por redes sociales o llamada telefónica», narra Robles, que se siente amedrentado.
Para este guía turístico, es necesario proteger el entorno natural de esta zona para que la disfruten todos. «Hay extranjeros que pagan hasta 20.000 dólares para disfrutar lo que no tienen en sus países, y nosotros lo estamos destruyendo», concluye. EFE
