Los nuevos cinco asambleístas de azuayos, que pertenecen a tres organizaciones políticas diferentes, se unen para definir una agenda legislativa y de fiscalización común para los 18 meses que estarán en la Asamblea Nacional.
Son Leonardo Berrezueta y Mabel Méndez, del movimiento Revolución Ciudadana (RC); Sofía Sánchez, de Construye; Diego Matovelle, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN); y Adrián Castro, de la coalición Actuemos.
Dieron una rueda de prensa ayer en el Mirador de Turi, en Cuenca, y anunciaron que darán prioridad a la legislación y fiscalización relacionada a áreas como: seguridad, descentralización, medio ambiente y Ley 047.
“Este momento es histórico, que estemos los cinco legisladores de Azuay con las diferencias políticas que podamos tener, seguramente diferencias vamos a tener…”, dijo Sofía Sánchez, quién es legisladora reelecta.
Acotó: “cuando se nos llame por la provincia de Azuay estaremos aquí los cinco para poner el pecho y sobre todo para decirles que el Azuay tiene que ser respetado por quien asuma el Ejecutivo.
Acuerdo
Adelantó que firmarán un acuerdo compromiso y convocó para el 4 de noviembre a los alcaldes de esta provincia, presidentes de juntas parroquiales, y a Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, para conformar un comité.
Explicó que a pesar de que ya está vigente la Ley 047, las regalías por las centrales hidroeléctricas que están en el Austro, aún no son entregadas a las juntas parroquiales, municipios y prefecturas.
Señaló que estos fondos en algunos casos, inclusive, les permitirá a los gobiernos parroquiales tener el doble del presupuesto que actualmente tienen, lo que deberá ser invertido en obras.
Añadió: “el Azuay le dijo no a la minería, tenemos acá consultas populares que se han ganado y hemos dado al país, esto no se está cumpliendo y vamos a defender. Existe un proyecto de ley para el cumplimiento de consultas populares”.
Fiscalización
Mabel Méndez, también reelecta, por su parte indicó que fiscalizarán el retiro de las esferas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), de la Terminal de Challuabamba, de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador).
Estos depósitos fueron instalados allí como parte del proyecto Poliducto Pascuales – Cuenca, que construyó la compañía Odebrecht, de Brasil, involucrada en una trama de corrupción en Ecuador.
Estos tanques fueron llevados a la Terminal El Chorrillo, en Guayas, pues el terreno donde estaban colocados en Cuenca tiene grietas y hundimientos porque hay agua subterránea.
“Solicitaremos también que se realicen las adecuaciones necesarias a la infraestructura de esta terminal de Petroecuador en Cuenca para que no afecte el abastecimiento de gasolina y diésel…”, declaró Méndez.
Comité
De su lado Leonardo Berrezueta oficializó la convocatoria a autoridades locales y representantes de organizaciones ciudadanas para integrar lo que denominó como Comité Estratégico por el Azuay.
“Es necesario que tengamos una instancia, un equipo, un espacio importante, en donde podamos articular todas las autoridades de la provincia. Está comprobado que es posible sacar adelante las causas comunes…”, expresó.
Acotó: “este comité nos permitirá dar seguimiento a cada uno de los planes y proyectos que tengan las autoridades locales. Nuestro rol también es pedir a las autoridades nacionales las razones por las que no están saliendo los proyectos”.
Igualmente refirió que fiscalizarán el proceso con el que el Gobierno Nacional busca entregar a un fideicomiso el dinero que cobra la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur (EERCS).
Matovelle y Castro
Diego Matovelle, nuevo asambleísta de Azuay, indicó que el acuerdo entre los asambleístas azuayos es una muestra de “madurez política” que busca hacer una gestión conjunta por los intereses de esta provincia.
Matovelle refirió que buscarán que el Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay N 1, en Turi, sea una cárcel regional, pues así fue construida inicialmente, pero ahora alberga a presos de todo el país.
“Vamos a trabajar para que exista el marco legal y que los jueces tengan las herramientas jurídicas y sea una cárcel donde lleguen solamente personas de esta zona…”, insistió el nuevo legislador.
Finalmente Adrián Castro, otro de los nuevos legisladores, destacó los procesos de fiscalización que iniciarán sobre las esferas de GLP, el reparto de puestos en la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y el fideicomiso de la EERCS.
“Hasta la Escuela Judicial se llevaron de Azuay, solo hay un letrero en el parque Calderón, ese es el centralismo que nos mata…”, dijo Castro, quien es excandidato a la Alcaldía de Cuenca.
Añadió: “otros de los acuerdos que me parece fundamental es que se va a priorizar toda ley, toda iniciativa y toda propuesta que tenga que ver con el eje de seguridad, eso es lo que nos tiene en zozobra…”.
