La eliminación de la tabla de drogas, ordenada mediante Decreto del presidente Daniel Noboa, abrió dudas en un frente afectado por el incremento del consumo en los últimos años: el sector educativo. La tabla era considerada una herramienta para diferenciar a los consumidores de los traficantes de droga.
Sin embargo, en los colegios y escuelas del sistema educativo del país aún no se tiene claro cómo se logrará diferenciar sin parámetros claros. La problemática social, vinculada al consumo de drogas y al microtráfico, estuvo atribuida a la tabla. La experta en seguridad, Katherine Herrera, dice que la eliminación no resolverá los dos problemas fundamentales: el consumo y no se reducirá el microtráfico.
Este último es uno de los delitos del crimen organizado. “La eliminación no impactará en los grupos de delincuencia organizada. Ellos utilizan a niños y jóvenes, reconociéndoles con drogas para seguir creando dependencia. Es un problema de salud pública y no solo una cuestión de seguridad ciudadana”, dice.
El sistema educativo no tiene una guía clara. La tabla era usada por policías, jueces y fiscales para diferenciar a un consumidor de un traficante. Aún no existe el lineamiento claro para impulsar políticas de atención en escuelas y colegios. Allí hay indicadores alarmantes, especialmente con el microtráfico.
Alertas
Un estudio realizado entre el 2015 y 2018 quedó represado en manos de los Ministerios de Educación y de Gobierno desde la pande- mia del 2020. Se advertiría que en el país cuatro de cada 10 estudiantes aseguraron que dentro de sus colegios había algún tipo de droga.
Los datos logrados, a través de una encuesta denominada ‘Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad’, se advertía que un 10% de niños y adolescentes de instituciones educativas confirmó haber probado alguna vez una sustancia ilícita. En el país no existe un dato consolidado del consumo de drogas en el sistema educativo.
Roberto Enríquez, coordinador de prevención de adicciones de la Secretaría de Salud de Quito, confirma que a escala nacional no hay estudios desde el 2016 que permitan trazar una hoja de ruta clara. “La pandemia cambió el régimen escolar, pero desde el año pasado se reactivó el problema con el regreso de los estudiantes a clases presenciales. Es urgente que se definan medidas de acción en escuelas y colegios”.
En ocho años poco se hizo desde el Gobierno. En el 2015 se creó la Ley de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de Drogas. Allí se estableció la creación de Comité coordinado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y con la participación de varias instituciones del Estado. Una de las finalidades era crear la política pública contra las drogas. Sin embargo, curiosamente, el denominado Comité Interinstitucional de Prevención Integral de Drogas se reunió recién el año pasado por primera vez en cinco años. No existe una política clara para el manejo de políticas en el sistema educativo.
¿Qué se ha hecho? Según un documento del área de Salud Mental del Ministerio de Salud actualmente se trabaja articuladamente con los 12 Centros de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetad). A través de Cetad se calcula que más de 60.000 niños y jóve- nes, de entre 10 y 19 años, han sido atendidos en cinco años.
El otro avance ha sido identificar las zonas más vulnerables en un trabajo articulado con la Policía Nacional y los diferentes Comités de padres de familia. Sin embargo, no hay un consolidado. El Municipio de Guayaquil, por ejemplo, trabaja por su lado por el alarmante crecimiento de consumo.
