Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, confirmó que dos funcionarios del Municipio de Cuenca, fueron separados mientras la Fiscalía de Azuay cumple una investigación por supuesto acoso sexual.
Los investigados pertenecían a las áreas de comunicación de la Alcaldía de Cuenca y de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP).
Zamora indicó asimismo que la fiscalía como parte de las indagaciones de este caso, solicitó que el municipio entregue algunos videos de la institución y de la ciudad.
Este proceso judicial al tratarse de un supuesto delito de carácter sexual se mantiene en reserva, al igual que la identidad de la presunta víctima de este hecho.
“Hay más de 5.000 funcionarios en la corporación municipal, el alcalde no es responsable absolutamente en nada de aquello… Este es un tema que debe ventilarse con el sigilo del caso…”, señaló.
Comisión de Concejo Cantonal de Cuenca también conocerá caso de funcionarios municipales
Diana González, concejala de Cuenca y presidenta de la Comisión Igualdad de Género e Inclusión Social, del Concejo Cantonal de Cuenca, anunció que darán seguimiento a este caso en el que se investiga a dos funcionarios municipales.
Indicó que darán el respaldo a la víctima, pero que por ahora se abstiene de hacer un pronunciamiento sobre este caso, dado que se encuentra bajo investigación.
Encuesta reveló datos sobre acoso
Marlene Arias, abogada y activista por los derechos de las mujeres, explicó que en 2019 ONU Mujeres inició el proyecto Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en Cuenca.
Indicó que este diagnóstico, que se hizo en base a una encuesta, concluyó que alrededor de siete de cada 10 mujeres de todas las edades, víctimas de violencia, no recibieron apoyo adecuado.
“Esta encuesta también nos mostró que alrededor de nueve de cada 10 víctimas de acoso sexual, no recibieron apoyo, lo que es grave y demuestra una falta de solidaridad…”, dijo.
Arias indicó que el programa de ONU Mujeres ha permitido el desarrollo de estrategias participativas que permitan reducir el acoso sexual y la violencia en el espacio público.
Ley para prevenir la violencia
Recordó que desde 2018 está vigente la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyo objetivo es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra este sector de la población.
“Hay patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que a veces se ha normalizado”, dijo.
De acuerdo con Arias, una vez cumplido el proceso investigativo sobre el caso de presunto acoso sexual, la municipalidad debe transparentar este hecho, para evitar que haya una reincidencia o confusiones.
“El Estado es responsable de garantizar el derecho de las mujeres: niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores, a una vida libre de violencia…”, afirmó. (CSM)-(I)
Fiscalía solicitó videos para investigar a funcionarios municipales
El artículo 166 del Código Orgánica Integral Penal (COIP) tipifica la sanción para el acoso sexual. Este se castiga con una pena privativa de libertad de hasta cinco años.
Según el COIP, el acosador sexual es la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de su condición de autoridad laboral, docente, religiosa o similar.
También quienes aprovechan su posición como tutor, curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado de un paciente.
De acuerdo con el COIP, en cambio, una persona acusada de abuso sexual recibirá una pena de hasta 13 años de prisión.
Detalle
Hasta 13 años puede recibir como pena una persona hallada culpable de abuso sexual.
