A propósito de los casos de corrupción que se han dado en Ecuador, en el ámbito de la gestión de diversos Gobiernos, resulta pertinente una reflexión conceptual sobre la necesidad de que los funcionarios del Estado cumplan su rol amparados en la ética.
El desarrollo de una sociedad más racional, justa y democrática, implica que las instituciones y las personas orienten su comportamiento por un conjunto de valores, que les permitan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto, y entre lo que es deseable y no deseable, para el bienestar individual y de toda la sociedad. En definitiva, implica guiar las acciones por una ética personal y social.
En el caso de los Gobiernos, nacionales o locales, un ejercicio ético de las funciones requiere que todas sus autoridades, así como sus empleados y trabajadores, cumplan sus labores con responsabilidad, honestidad, eficiencia y eficacia; con apego irrestricto a la legalidad y buscando el interés general por sobre cualquier interés personal; única manera de construir legitimidad y una verdadera institucionalidad para el Estado.
Hay que recordar, una vez más, que el rol de las personas en las instituciones del Estado es el de ser auténticos servidores públicos, o del pueblo, a quien se deben y a quien deben dar cuentas sobre el cumplimiento de su misión; única forma, además, de hacer realidad la democracia justamente como Gobierno del pueblo; junto a lo cual deben orientar sus acciones cotidianas al amparo de un Código de ética, que les permita lograr un estado de satisfacción permanente por el cumplimiento de su labor y alejar, de dichas acciones, las tentaciones a la desidia, el incumplimiento, la ineficacia, e incluso, la corrupción; situación esta última que, lamentablemente, se hace presente con fuerza no sólo en diversos ámbitos de la vida pública, sino también de la vida privada.
En este contexto, a través de un Código de Ética será mucho más posible motivar, a los servidores de las instancias públicas del Estado, a la observancia de ciertos principios y normas de conducta al interior de sus respectivas instituciones; además de que se convertiría en un mecanismo que permitiría contribuir a elevar el bienestar de todos los miembros de la sociedad. (O)
