Una alcaldesa asesinada junto a su asesor de comunicación; una asambleísta y su esposo secuestrados; las extorsiones no paran; un policía pierde la vida en el cumplimiento de su deber; las cámaras de video vigilancia captan, día tras día, asaltos a mano armada, secuestros; se reporta sobre otros crímenes, y un largo etcétera.
¿Repunta la ola criminal en varias ciudades tras varias semanas de cierta tranquilidad, de menos homicidios, del control ejercido en las cárceles, de ver a militares y policías patrullando las zonas rojas de las urbes más violentas, deteniendo a integrantes de bandas consideradas como terroristas, o decomisando cocaína por toneladas, armas de grueso calibre, explosivos?
Estas y otras preguntas comienzan a salir a flote. No sólo eso. También a plantear al Gobierno sobre el futuro del Ecuador cuando concluya el estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno para luchar contra los grupos de delincuencia organizada, cuyas actividades cumbre son narcotráfico, extorsiones y secuestros.
El Plan Fénix, en teoría elaborado para darle guerra a la delincuencia criminal, maridada con la política y la justicia, comienza a generar dudas. Lo dicen expertos en seguridad. Y la sensación es la misma en la población.
El Gobierno está llamado a hacer precisiones para evitar esa percepción, favorable únicamente para los grupos delictivos.
No es lo más óptimo, ni siquiera por estrategia, guardar silencio o reaccionar, con los pesares de siempre, ante crímenes de políticos.
Y más todavía si la justificación para alzar el IVA era la necesidad de tener recursos a fin de financiar la lucha anticriminal.
Lo hemos dicho: luchar contra grupos narcotraficantes y otras bandas criminales no es cosa fácil, ni cuestión de tres meses, de un uno, tres o cinco años; pues su poderío y actuación entre las sombras son ilimitados.
Empero, faltan certezas, explicaciones convincentes, en especial dar la cara, y esto sólo le compete al Gobierno.
