Esta es la sexta entrega de un seriado de análisis sobre cómo se aplicará cada una de las nueve preguntas que recibió el sí en el Referéndum y Consulta Popular 2024. Ganó la pregunta H (8) y con esto los presos deberán cumplir las penas completas en las cárceles.
Estos delitos son: financiación del terrorismo; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos; secuestro extorsivo y producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
También de actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados; tenencia y porte no autorizado de armas; extorsión y testaferrismo.
Igualmente: revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido; tráfico de influencias y oferta de realizar tráfico de influencias.
No habrá beneficios y presos deberán cumplir penas completas en cárceles
Catalina Moscoso, abogada y exintegrante del colectivo Voto Responsable, explicó que para cumplir con lo que está en esta pregunta el Ejecutivo deberá enviar un proyecto de reforma a la Asamblea Nacional.
Esto deberá ser máximo cinco días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialice los resultados. Allí el Legislativo tendrá 60 días para debatir y aprobar.
Moscoso detalló que el artículo 697 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) define al régimen de rehabilitación social cerrado como el período de cumplimiento de la pena.
Esta, según este cuerpo legal, iniciará a partir del ingreso de la persona sentenciada a uno de los centros de privación de libertad que están distribuidos en el territorio nacional.
Régimen semiabierto ya no se aplicará y deberán cumplir penas completas en cárceles
Señaló asimismo que el COIP define al régimen semiabierto como el proceso de rehabilitación social de la persona sentenciada que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo.
Esto con el fin de que desarrollaren su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada.
“En la legislación consta que para que la persona sentenciada pueda acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 60 % de la pena impuesta…”, dijo Moscoso.
Recordó asimismo que el COIP define al régimen abierto como el período de rehabilitación social tendiente a la inclusión y reinserción social del detenido, en el que convive en su entorno social.
“Para que una persona privada de la libertad pueda acceder a este régimen tiene que cumplir por lo menos el 80 % de la pena…”, manifestó.
Incentivo para rehabilitación
Para Marco Loja, abogado y especialista en beneficios penitenciarios, estas alternativas de cumplimiento de penas resultan ser un incentivo para la rehabilitación del sentenciado.
“Pero hay que reconocer que esto no está bien visto por la sociedad sobre todo por algunos casos que son mediáticos, de sentenciados que salen y vuelven a cometer incluso delitos peores…”, manifestó.
Loja cree que tiene que mejorar los parámetros del sistema penitenciario para determinar quiénes pueden beneficiarse de estas medidas, pues considera que no hay que eliminarlas.
Sistema de rehabilitación
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) está cargo de todas las cárceles del Ecuador.
El Gobierno Nacional la creó con la misión de transformar mediante un modelo de gestión y prestación de servicios, la atención de las personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley.
Esto con el estricto respeto a los derechos humanos, mediante soluciones innovadoras e integrales de seguridad, mejorando con equidad y justicia elementos sociales como: educación, trabajo, salud y salud mental.
Esta institución ha sido el centro de las críticas, especialmente, por las masacres que han ocurrido en las cárceles, además por constantes fugas y actos de corrupción.
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