A los alcaldes y prefectos, como a otras autoridades de elección popular, ojalá les resulte ejemplarizadora la sanción impuesta al burgomaestre de Quito, Pabel Muñoz, por infringir la ley electoral.
Muñoz, en plena campaña electoral para la presidencia de la República, hizo proselitismo a favor de la candidata del correísmo.
Contravino la ley y fue denunciado. Según la sentencia, ratificada por el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE), debe pagar una multa de 9.200 dólares y ofrecer disculpas públicas.
Para los entendidos en materia electoral, Muñoz “la sacó barata” la sentencia; pues debió ser destituido aplicándole la ley sin consideraciones políticas o de meter en líos a Quito.
Actuaciones como la de Muñoz son comunes en la política nacional. Se buscan maneras para hacer proselitismo a favor de los candidatos de sus respectivos movimientos.
En la anterior segunda vuelta electoral, un prefecto pidió un día de vacaciones para acompañar a su candidata presidencial, como si políticamente pudiera desdoblarse, querer tomar al pueblo como ingenuo o cultivar el arte del birlibirloque.
Otra sanción, asimismo ejemplarizadora, es la aplicada por el TCE en contra de Alembert Vera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, por haber hecho campaña junto al expresidente Rafael Correa, de quien fue su abogado defensor y lidera una organización política, con la cual simpatiza.
Vera deberá pagar una multa de USD 22.000 y quedarse sin derechos políticos por cuatro años.
Antes, fue destituido del cargo por la Corte Constitucional por incumplir sus dictámenes.
A su debido tiempo, muchos ciudadanos llamaron la atención al CNE por aprobar la propaganda de Vera, como la de otros, acompañado de Correa. Sin embargo, se hizo el desentendido, despertando suspicacias.
Pero sanciones son sanciones. Deben ser asimiladas por los políticos elegidos, y hasta por el CNE para “no esquivar el bulto” como en el caso de Vera.
