Camilo Ponce Enríquez, cantón del Azuay, consta entre las provincias vueltas a ser declaradas bajo el estado de excepción por el Gobierno Nacional.
Las otras jurisdicciones son: Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos y Orellana, en las cuales se habría perpetrado cuando menos 1.920 homicidios entre enero y mayo de 2024.
Según el Gobierno, la medida obedece a la agudización “de hechos de violencia sistemática, perpetrada por grupos de violencia organizada, organizaciones terroristas e individuos beligerantes no estatales”.
Semanas atrás, en Ponce Enríquez fue asesinado su alcalde José Sánchez. Pocos días después, el del Portovelo, Jorge Maldonado, corrió igual suerte.
Horrendos crímenes sobre los cuales las investigaciones no atinan a dar con autores, cómplices y encubridores, como ocurre con los demás asesinatos perpetrados en contra de algunos políticos.
En Ponce Enríquez el delito y el crimen han ido de la mano. Lejos de ser controlados, se han profundizado al extremo.
Al ser un centro minero, bandas delictivas consideradas por el Gobierno como terroristas han hecho de este cantón azuayo su centro de operaciones para cometer asaltos, robos, secuestros, asesinatos y extorsiones o “vacunas”.
Hace bien el Gobierno con esta nueva declaratoria del estado de excepción, una medida, sin bien repetitiva desde la época de su antecesor, encaminada a permitir tareas conjuntas entre la Policía y el Ejército.
Ya en contexto, en estas últimas semanas ha recrudecido la ola criminal, reflejada en masacres y en el aumento de las extorsiones, otro mecanismo del crimen organizado para embolsarse cientos de miles de dólares con sólo amedrentar a sus víctimas.
Ante el embate de las fuerzas del orden, los grupos de delincuencia organizada se han atrincherado en lugares recónditos, desde donde planifican y cometen sus fechorías.
Trátase, pues, de una lucha anti delictiva cuyo final no es fácil vaticinar.
