Una de las características de un régimen auténticamente democrático es el respecto a un conjunto de libertades, entre las cuales la libertad de expresión es una de las más importantes; por esto llama la atención cuando un Gobierno, que se dice democrático, irrespeta esa libertad o la limita, ya sea de manera abierta o embozada. En este caso, ese Gobierno asume actitudes no democráticas o autoritarias.
Esta situación ya la vivió el Ecuador, sobre todo durante el Gobierno del Presidente Rafael Correa, y nuevamente parece que empieza vivirla en el actual Gobierno del Presidente Daniel Noboa; y esto a pesar de que éste se empeña en mostrarse como “anticorreista” y representar supuestamente al “nuevo Ecuador”.
Expresiones recientes de estos comportamientos, de tintes autoritarios, contra la libertad de expresión han sido, por ejemplo, las presiones para sacar del aire el programa de opinión periodística “Los irreverentes” (que se trasmitía en el canal de televisión RTU), las críticas del Gobierno al periodista John Lee Anderson por la publicación de las opiniones de Noboa en la Revista The New York, y en los últimos días el retiro de la visa a la periodista cubana Alondra Santiago, residente en Ecuador desde hace 20 años.
En este último caso el Gobierno ha tratado de justificar su medida en un supuesto “atentado a la seguridad pública y estructura del Estado” que habría realizado la periodista Alondra Santiago, según (asimismo) un supuesto “documento secreto” del Centro de inteligencia estratégica”; sin embargo, más allá de estos términos eufemísticos, lo que se habría dado en la práctica es un acto de represalia política frente a las posturas críticas, que dicha periodista ha tenido frente a las políticas del Gobierno actual.
Se trataría, por tanto, de un atentado a la libertad de expresión; libertad que debería ser defendida para todos y en todos los Gobiernos, si es que realmente se defiende con convicción y permanentemente la democracia. Y es por esto precisamente que organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa como la SIP, y nacionales como FUNDAMEDIOS, han cuestionado el retiro de la visa a Alondra Santiago, amén de la condena por parte de organizaciones sociales y políticas de diversa ideología. (O)
