A lo largo de su historia, el ser humano ha buscado aprovechar la explotación de los recursos naturales con el propósito de garantizar su bienestar, sin embargo, generar un equilibrio entre lo que se requiere, frente a las necesidades de las generaciones futuras siempre ha sido un reto.
Por ello, a inicios de la década de los setenta del siglo pasado, en Estados Unidos, así como en algunos países europeos, se volcaron a la necesidad de generar regulaciones que limiten la generación de impactos ambientales respecto de las actividades humanas.
Así nació el incipiente Derecho Ambiental, que tuvo una perspectiva antropocéntrica que se centró en satisfacer las necesidades del hombre, evitando contaminación o perjuicios del ecosistema, pues este podía afectar entre otros, a su salud.
Esta corriente se expandió alrededor del mundo, sobre todo a través del reconocimiento por parte de los Estados a favor de sus ciudadanos, del derecho a un ambiente sano y libre de contaminación.
Sin embargo, esto no fue suficiente para la realidad de los países del sur global, pues la falta de institucionalidad, la corrupción de los gobiernos, la negligencia en los procesos de concesión y adjudicación para la explotación de recursos, así como la falta de tutela judicial ambiental, decepcionaron a los ciudadanos quiénes buscaron respuestas en nuevas tendencias, que abarquen una protección de los ecosistemas de manera más efectiva.
Una de ellas fue la visión ecocéntrica a través de los derechos de la naturaleza, que la reconoce como sujeto de derechos. Ejemplos variados se pueden encontrar, como el río Whanganui en Nueva Zelanda, el río Atrato en Colombia, el Marañón en Perú, o los ríos Aquepi y Monjas en Ecuador.
Por eso, no se puede entender a este reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos como un fin, sino como un medio; me atrevo a decirlo como un puente para la consecución de otros derechos para la población, como ambiente sano, alimentación, salud, vivienda digna, derecho a la ciudad, entre otros. (O)
