El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Enrique Pita, recordó el lunes 2 de septiembre de 2024 que el presidente Daniel Noboa, que busca su reelección en las elecciones de 2025, debe pedir licencia al inicio de la campaña electoral y delegar sus funciones presidenciales, en principio a la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento.
«El presidente de la República, o cualquier funcionario en funciones que opte por una reelección, tiene que presentar licencia», aseveró Pita durante una entrevista al canal de televisión Teleamazonas.
«Nuestra obligación es verificar que esta situación se dé, pero quien sanciona la incorrección o el incumplimiento de esta situación es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)», añadió.
Cuestionado sobre si el presidente puede pedir una licencia por horas en cada día de campaña o debe ser una licencia completa desde el inicio oficial del periodo electoral, Pita volvió a remitirse al TCE como el órgano encargado de definir ese aspecto.
No obstante, señaló que «la ley es clara: al inicio de la campaña, quien opte por la reelección debe pedir licencia».
Verónica Abad debería asumir la presidencia
Bajo ese escenario, la funciones presidenciales recaerían en la vicepresidenta Verónica Abad, con quien Noboa mantiene un enfrentamiento en el que varios miembros de su Administración ya han anticipado que no tienen intención de que asuma temporalmente la jefatura del Estado.
Noboa buscará la reelección en las elecciones de 2025 como candidato nuevamente de Acción Democrática Nacional (ADN), su propio partido, con el que ganó los comicios extraordiarios de 2023 para completar el periodo 2021-2025 que no terminó el expresidente Guillermo Lasso, pero esta vez tendrá como candidata a vicepresidenta a María José Pinto, en lugar de Abad.
Abad, que se ha vuelto una de las voces más críticas contra Noboa, ha denunciado al mandatario frente al TCE por presunta violencia política de género, al acusar al gobernante de estar detrás de un hostigamiento hacia ella para forzarla a renunciar y tener que evitar delegarle las funciones presidenciales.
Un distanciamiento desde el 2023
El distanciamiento entre ambos comenzó durante la campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 y se cristalizó tras la investidura, cuando en una de sus primeras decisiones, Noboa mandó a Abad a Israel como embajadora, un encargo que en caso de haberse negado habría abierto la puerta a su destitución.
La distancia no calmó la pugna entre ambos, pues el Gobierno votó a favor de levantarle la inmunidad para que fuese investigada por la Fiscalía en un caso de presunta corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia, lo que no llegó a suceder por los votos en contra de la oposición.
Ese caso se inició con la denuncia de un exfuncionario de la Vicepresidencia que aseguraba haber sido contratado con la condición de ceder parte de su sueldo al hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, quien fue detenido y estuvo alrededor de 20 días en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, hasta que salió en libertad bajo fianza de 20.000 dólares.
A ello se sumó después la denuncia presentada contra Abad en el TCE por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que la acusa de haber hecho campaña antes de tiempo cuando en las elecciones locales de 2023 era candidata a alcaldesa de la sureña ciudad andina de Cuenca.
Durante su estancia en Tel Aviv, la vicepresidenta también ha denunciado encontrarse en una situación de riesgo por el conflicto en ese país y ha acusado a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, de negarle un pedido de ausentarse cinco días del cargo por motivos personales. EFE
