La posibilidad de que la Fiscal General Diana Salazar sea fiscalizada, a través de un juicio político solicitado por 2 legisladores de la “Revolución ciudadana”, fue archivado por una mayoría de votos en la Asamblea Nacional. Una medida que no sorprendería; pues, a pesar de lo controversial que resultaría esta decisión desde el punto de vista jurídico, la polarización política correísmo-anticorreísmo (fortalecida en torno al tema de la Fiscal) hacía prever que el intento de juicio político no prosperaría.
De esta forma, la posibilidad de escuchar y analizar las pruebas de cargo y de descargo, en torno a las acusaciones de algunos supuestos incumplimientos de funciones por parte de la Fiscal General, quedó anulada con el archivo del juicio; amén de la posibilidad de que la Fiscal pueda también exhibir las evidencias de su acusación, efectuada hace días, en el sentido de que el juicio político planteado en su contra sería un “narco juicio”.
Es que la polarización que vive el país y que ha conducido a una visión maniquea de la política, unida a una crisis creciente de la institucionalidad democrática, ha conducido a que algo que debiera ser lo normal en el marco de un régimen plenamente constitucional, como es un juicio político a un alto funcionario del Estado, se transforme en un motivo de gran conflicto político, de maniobras y de cálculos electorales; como acaba también de ocurrir cuando un legislador gobiernista acudiera ante un juez, para obligar a la Asamblea a posponer el juicio a la Ministra del interior.
En el caso de la Fiscal General, resultaba claro que su postura de perseguir constantemente los casos de corrupción denunciados en contra del correísmo, iban a generarle la oposición de este sector político y el apoyo de los sectores anticorreístas; sectores estos últimos que al ser mayoría en la Asamblea resolvieron precisamente el archivo del juicio político.
En todo caso, el tema de fondo para el logro de una auténtica institucionalidad democrática es como tener una Fiscalía verdaderamente independiente de los Gobiernos de turno, a saber: que no sea ni correísta (como fue antes), ni morenista, ni lassista, ni noboista (como ha sido después); y que, por tanto, combata todo tipo de corrupción y de todos. (O)
