Pedro Castillo reitera ante Tribunal Constitucional de Perú que nunca ha cometido delitos

El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) reiteró este jueves 19 de septiembre de 2024 en una audiencia virtual ante el Tribunal Constitucional (TC) que «nunca» ha cometido un delito y que su detención, tras su mensaje el día del fallido intento de golpe de Estado, fue arbitraria.

El exmandatario afirmó, al defender una demanda de hábeas corpus, que se encuentra detenido en el penal limeño de Barbadillo «resistiendo un abuso de autoridad«, porque «no se ha respetado el debido proceso».

Añadió que nunca recibió la notificación de su detención y que esta se hizo presuntamente en flagrancia, pero repitió que «nunca» ha cometido un delito.

Castillo recordó que solo se le podía destituir por cerrar el Congreso, no convocar a elecciones, salir fuera del país sin permiso del Parlamento y por traición a la patria, «no por otras cosas«.

El exgobernante, que ganó los comicios presidenciales de 2021 por el partido Perú Libre, agregó que «estando en ejercicio (del poder)» ha sido «detenido arbitrariamente» y «conducido a una carceleta«, donde transcurrió las primeras horas después de su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

Asimismo, manifestó que quien comete el delito de rebelión, el cargo que se ha presentado en su contra, tiene que hacer uso de las armas.

En ese sentido, consideró que sigue siendo presidente constitucional de Perú y que su demanda traslada el sentir de los ciudadanos que rechazan el abuso que se ha cometido contra él.

Por su parte, el abogado del expresidente, Walter Sifuentes, explicó a la prensa que el vicio en el proceso contra Castillo radica en que el juez Juan Carlos Checkley sostiene que el mensaje a la Nación ofrecido por el destituido exmandatario constituye el delito de rebelión.

Sin embargo, consideró que ese mensaje televisado, en el que ordenaba el cierre del Congreso, la destitución de todos los miembros del sistema judicial y la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto, no tuvo actos preparatorios ni fue autorizado por el Consejo de Ministros, y pudo ser «un acto político«, expresó Sifuentes.

El intento de autogolpe de Castillo se produjo el mismo día que debía acudir al Congreso para defenderse de una moción de vacancia (destitución) por supuesta corrupción, pero tras el mensaje a la Nación que dirigió desde el Palacio de Gobierno, el exmandatario fue detenido por su escolta cuando llevaba a su familia a la Embajada de México en Lima.

El Congreso aprobó la destitución de Castillo ese mismo día y luego tomó el juramento como su sucesora a Dina Boluarte, que ejercía como vicepresidenta. EFE

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