Las propuestas de reforma constitucional para permitir el uso de bases militares ecuatorianas por parte del ejército de Estados Unidos para ayudar a combatir el narcotráfico, como ocurrió hacía muchos años; y la de eliminar el financiamiento estatal para los partidos y movimientos políticos, corren el riesgo de diluirse y de quedar como simples globos de ensayo.
Varios analistas políticos y no pocos constitucionalistas han hecho notar cuan inoficiosos son tales proyectos, sacados de la manga en tiempos previos a una campaña electoral, y cuando los apagones minan la credibilidad y ejecutividad del gobernante.
Ni Estados Unidos estaría interesado por firmar un nuevo convenio de ocupación, en este caso de la base militar de Manta, ni el Gobierno ecuatoriano habría hecho las consultas de rigor, como para lanzar la antedicha propuesta.
Respecto del otro proyecto, la Corte Constitucional, ya en 2020 echó al traste una propuesta ciudadana similar. Los planteamientos violan el principio de igualdad.
A excepción de algunos, quién no quisiera el regreso de los militares estadounidenses para coadyuvar en el combate al narcotráfico, si bien ahora lo hacen a través de otros convenios.
Muchos ecuatorianos, frustrados por las malas acciones de la clase política, de no resolverse sus problemas, o cuando sigue campeando la corrupción y el oportunismo electoral, querrían la extinción del financiamiento para partidos y movimientos.
Lejos de proponer reformas constitucionales muy puntuales, bien haría el Gobierno en no ver únicamente unos cuantos árboles sino el bosque entero. Es decir, un proyecto global para librarse de tanta maleza existente en semejante frondosidad, en cuyo caso podría caber la convocatoria a Asamblea Constituyente cuyo objetivo sería elaborar una nueva Constitución; o, como lo exigen algunos prestantes ciudadanos, consultar al pueblo si quiere resucitar la de 1998.
