Los juicios políticos forman parte de la actividad de fiscalización que lleva a cabo la Asamblea Nacional como función del Estado. Su finalidad, dentro del marco del equilibrio de poderes, es proveer un contrapeso a la gestión del poder Ejecutivo y representar, desde el hemiciclo, la vigilancia de la población, que exige cuentas a su mandatario o a sus delegados. Las responsabilidades evaluadas en este contexto son de tipo político, por lo que cobran relevancia los argumentos que se exponen en el foro público, tanto por parte de los acusadores como de quienes defienden su gestión.
Nada de eso ocurrió el pasado miércoles. La agenda pública debió centrarse en el plan de seguridad implementado por el gobierno, cuya efectividad se cuestionaba por parte de la oposición. Era la oportunidad para escuchar acusaciones contundentes sobre el Plan Fénix. Por el otro lado, el gobierno tenía la ocasión de exponer sus logros y proyecciones en materia de seguridad. Sin embargo, la defensa prefirió insistir en un encuadre más conveniente a su estrategia política: atribuir las motivaciones del juicio a una venganza por lo sucedido en la embajada mexicana. Así, los argumentos desordenados no lograron permear en el debate público, ni en las capturas para redes sociales, y mucho menos en los titulares del día siguiente. Lo único que quedó claro fueron los votos y las manipulaciones. 40 asambleístas apoyaron a la ministra, 77 votaron por su salida, pero no fue suficiente debido a las 16 abstenciones.
En la oscuridad de la noche, Carondelet celebró un triunfo político muy necesitado, mientras que la agenda correísta buscará darle un nuevo giro a un resultado ya conocido. Saben que los apagones empañan incluso los festejos. Por su parte, el Movimiento Construye deberá explicar su postura ambigua, no solo ahora en los medios, sino también durante la campaña electoral. Es una situación difícil para quienes exhiben posturas contradictorias.
En esta ocasión, no hubo victorias contundentes. El juicio a Palencia deja a un gobierno con oxígeno suficiente para avanzar una semana más entre apagones, y al correísmo con unas cuantas líneas adicionales sobre fiscalización en materia de seguridad que podrá esgrimir cuando inicie oficialmente la campaña electoral. No obstante, el juicio político ha sido, como siempre, una oportunidad perdida para la población, que no solo no escuchó explicaciones convincentes, sino que también sigue siendo testigo de una agenda política alejada de sus urgentes y desesperadas necesidades: luz, trabajo y seguridad.
