La cuenca del río Paute, hasta su confluencia con el río Upano, tiene una extensión de 6.436 km², siendo bastante más pequeña que la del Esmeraldas, con 21.551 km²; la del Guayas, con 32.214 km²; la del Pastaza, con 23.179 km²; y solo un poco más extensa que la del Jubones, con 4.351 km².
Sin embargo, la cuenca del Paute es una de las más afectadas por procesos de inestabilidad del terreno, alta tasa de fragmentación del suelo, explotación minera antitécnica de áridos, procesos erosivos, sistemas de riego por inundación, destrucción del páramo y, en las últimas décadas, variaciones climáticas adversas. Esto incluye un aumento promedio de la temperatura, lluvias más intensas y estiajes prolongados como el que actualmente atravesamos.
En la década de los 80, con la construcción del proyecto Paute, el INECEL (Instituto Nacional de Electrificación) asumió competencias en la gestión de la cuenca con el objetivo de preservar las inmensas inversiones en el sector hidroeléctrico, prolongando la vida útil del Paute y reduciendo los sedimentos que llegan al embalse de Amaluza. Por ello, en 1985 se creó la Unidad de Manejo de la Cuenca del Paute (UMACPA).
El plan de manejo de la cuenca fue concebido para desarrollarse de manera interinstitucional, con la participación de las diferentes instituciones que actúan en la cuenca (INECEL, CREA, INHERI, Ucuenca, INIAP, MAG…). No obstante, debido al carácter burocrático, los celos institucionales y la falta de capacidad de gestión, terminó ejecutándose únicamente por la UMACPA-INECEL y, desde 2012, por la CG-PAUTE. Esto impidió cumplir los objetivos iniciales de conformar un organismo basado en la cooperación de todos los actores involucrados, como se ha logrado en la cuenca del río Machángara.
Por ello, la noticia de que el mayor Complejo Hidroeléctrico de Ecuador, que integra las centrales Mazar, Paute Molino y Sopladora, salió de operación el 25 de octubre de 2024 por falta de agua, intensificando los cortes de luz en el país a 14 horas diarias, no es una novedad; es una situación adversa esperada, resultado del descuido total en la conservación del recurso esencial y básico: el agua. (O)
