La pena, según la propuesta, sería igual para adultos y adolescentes involucrados en delitos relacionados con el crimen organizado.
Desde la Asamblea Nacional, el movimiento Construye impulsa un proyecto de ley que permita que los adolescentes que hayan cometido delitos calificados como atroces sean juzgados como adultos y que cumplan la sentencia, una vez que lleguen a la mayoría de edad, en un centro de detención general.
El tema se analiza en la Comisión de Protección Integral a los Niños y Adolescentes, en donde Jorge Peñafiel prepara un informe de minoría en el que se establece que los mayores de 14 años reciban penas similares a las de un adulto, en cinco tipos penales.
El informe de mayoría, impulsado por el correísmo y liderado por Pierina Correa, mantiene las penas diferenciadas para menores de edad y un régimen disciplinario independiente; intentamos conversar con la legisladora, pero, por motivos de agenda, no fue posible.
La propuesta de Construye establece que los adolescentes de entre 14 y 17 años, que hayan incurrido en los delitos de secuestro, asesinato, sicariato, extorsión, narcotráfico y los vinculados al crimen organizado, podrán ser juzgados como adultos.
“El objetivo es evitar la impunidad del crimen organizado que, al utilizar a los menores edad para cometer los delitos atroces buscan la impunidad, porque saben que los menores no tienen el mismo régimen penal de los adultos”, puntualizó Peñafiel.
El informe de minoría establece que, mientras el infractor no cumpla la mayoría de edad, cumplirá una parte de la pena en un centro de rehabilitación de adolescentes infractores, una vez que tengan más de 18 años, pasará al sistema de rehabilitación de los adultos.
Menores involucrados en crímenes
Según los datos proporcionados por la Policía Nacional, del 8 de enero al 17 de octubre del 2024 han sido detenidos 8.201 adolescentes, involucrados en diferentes contravenciones y delitos; lo que equivale a más del 16 % del total de presos a nivel nacional, que sobrepasan los 50 mil.
Solo en el último año, 1.600 menores fueron juzgados por delitos atroces, que han tenido penas mínimas que, para Peñafiel, distan mucho de lo que es la justicia y de lo que busca la ciudadanía.
Dentro de estos adolescentes sentenciados se encuentra los dos jóvenes de 16 años que participaron en el ataque al canal TC Televisión, ocurrido el pasado 9 de enero, que recibieron penas de ocho años de prisión cada uno, por el delito de terrorismo.
Medida es inconstitucional
Grace Vásquez, especialista en Derechos de Protección de la Niñez y Adolescencia, advierte que la propuesta de Construye es inconstitucional y no podrá ser aprobada, pues se estaría irrespetando, no solo el marco normativo del Ecuador, sino la normativa internacional a la que el país se ha adherido, que incluye protocolos específicos en casos de adolescencia en escenarios de violencia.
“Los adolescentes que han sido culpables de delitos tan graves tienen que ser juzgados y, contrario a lo que se piensa, sí son juzgados, pues deben responder al daño que han realizado, pero dentro de un régimen especializado de justicia restaurativa, para que se reinserte en la sociedad de una forma diferente”, explicó la experta.
Para Vásquez, el argumento de Construye, sobre la utilización de los adolescentes en actos delictivos no cambiará si se les juzga como adultos, pues la vida de estos jóvenes poco les importa a lo cabecillas de las bandas delictivas.
Sanción a los que los involucran
Verónica Pólit, politóloga especialista en justicia juvenil, ve con preocupación que, mientras se exige mayores penas para los adolescentes, poco se habla y se hace para que quienes los utilizan sean castigados, pese a que desde enero del 2023 existe una sanción específica para el reclutamiento de menores.
“Hasta el momento, el Estado no ha sancionado el delito de reclutamiento, no tenemos una sola sentencia en el país; es decir, estamos sancionando a los adolescentes que son víctimas y victimarios; pero no a los adultos responsables de su reclutamiento y utilización; no estamos atacando las estructuras delictivas, sino a las víctimas”, puntualizó la experta.
Es que tanto Pólit, como Vásquez coinciden en que lo que se debería cambiar es el escenario de violencia y pobreza en el que se desarrollan estos adolescentes, que en algunos casos incluso son presionados para delinquir.
Las expertas advirtieron que los organismos defensores de Derechos de los Niños y Adolescentes plantearán demandas de inconstitucionalidad si la propuesta de juzgar a menores como adultos se aprueba en la Asamblea.
