Ni todo lo privado es eficiente. El gobierno acaba de eliminar el subsidio de energía que beneficiaba a industrias de alto consumo, como las petroleras, mineras y acereras, al considerarlo incongruente e injusto. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar y, aun así, su tarifa ha sido subsidiada por el Estado. Si bien esto demuestra una ineficiencia estatal, también prueba que el sector privado opera disponiendo de un Estado sumiso. El estatismo en el sector eléctrico debe brindar estabilidad, accesibilidad y equidad. A diferencia de países que optaron por liberalizar el sector, un enfoque de control estatal, debidamente gestionado, puede superar los desafíos energéticos sin depender del capital privado y sin los riesgos de una regulación fragmentada o insuficiente. La estructura centralizada permite una planificación estratégica alineada con objetivos nacionales, como la sostenibilidad y la universalización del acceso a la energía. En lugar de enfocarse en beneficios económicos inmediatos, el Estado puede priorizar el acceso equitativo a la electricidad y el desarrollo de energías renovables, sin depender de la rentabilidad.
Algunos países han demostrado que el estatismo no necesariamente conduce a ineficiencia o a una falta de progreso. Por ejemplo, en mercados como el de California, donde la liberalización fue implementada en los años 90, se observaron grandes aumentos de precios y hasta crisis energéticas, como la ocurrida en el 2001, en la que millones de consumidores sufrieron apagones y alzas súbitas en las tarifas debido a la especulación y la falta de planificación a largo plazo. Estos riesgos podrían minimizarse en un modelo estatal en el que los recursos y la expansión se gestionen en función de los intereses nacionales.
Existen naciones donde los sectores eléctricos, bajo control estatal, han logrado una cobertura casi universal y han avanzado hacia un uso de energías renovables sin recurrir a concesiones a privados. La privatización y la competencia en el sector eléctrico pueden llevar a una fragmentación del sistema y a una falta de interés en áreas menos rentables, como las zonas rurales o los hogares de bajos ingresos. En lugar de avanzar en equidad y acceso, la privatización podría aumentar las tarifas y limitar el acceso a comunidades vulnerables.
Un enfoque estatal en el sector eléctrico, acompañado de políticas de transparencia, responsabilidad y gestión eficaz, tiene el potencial de brindar un sistema eléctrico más equitativo y orientado al bien común. Por ello, mantener un sistema centralizado, en lugar de abrir paso a la privatización, podría representar una solución más segura y equitativa para los desafíos energéticos actuales y futuros. (O)
