Mientras la gran mayoría de ecuatorianos resisten como pueden los efectos de los apagones y las acometidas de la delincuencia criminal, hay grupos políticos inquietados en perseverar en sus ambiciones.
Si en el país reina el cortoplacismo, la falta de visión respecto del futuro inmediato y no hay políticas de Estado, sobra el juego maniqueo para fines ajenos a los intereses nacionales.
Entre la clase política tampoco hay un propósito real por ver si las acciones y resoluciones de determinada autoridad o de un organismo colegiado son justas, apegadas a derecho, sobre todo a la ética y al decoro.
Los tantos y tantos movimientos y partidos políticos han perdido su norte si alguna vez lo tuvieron; no ven más allá de sus intereses, intereses limitados a cuanto anhelan sus directivos y unos cuantos seguidores con el disfraz de afiliados y adherentes.
Guardan silencio, a ratos hasta cómplice, sobre asuntos importantes como los relacionados a la administración de Justicia. No dicen una palabra de frente, es decir, pronunciarse por cuenta propia, en tanto otras tiendas políticas -el plural está demás- a través de sus alfiles insisten e insisten en nombrar jueces a dedo e integrar mayorías dóciles en la Corte Constitucional (CC).
No todos los sectores políticos estarán de acuerdo con tan reprochable propósito. Esto se sobreentiende; pero se tamizan en el silencio.
Asuntos como los anotados no darán votos ni ayudarán a sacar del anonimato a la mayoría de presidenciables, no así los apagones y la delincuencia, problemas para los cuales les sobran soluciones mágicas.
Aquel es el Ecuador del doble rasero, donde se nombran personajes con oscuros antecedentes, como para querer echar abajo concursos en plena marcha, organizar otros y nombrar jueces de bolsillo; o tomarse la CC en la cual hasta se pueden virar sentencias ya ejecutoriadas.
La institucionalidad del Estado sigue estando a merced de propósitos nefastos.
