La suspensión a través de un sumario administrativo de las funciones de Vicepresidenta de la República Verónica Abad, ha recibido críticas y cuestionamientos por parte de amplios sectores del país, que han salido en defensa de la Constitución y de la institucionalidad democrática.
Una de los elementos esenciales de todo régimen que se llama democrático es la primacía de la Constitución o Ley fundamental del Estado, a la cual deben someterse todos los actos de las autoridades y de los ciudadanos; por esto mismo un régimen democrático asoma como sinónimo de “régimen constitucional” o “Estado de derecho”. De esta forma, cuando un gobernante adopta medidas que están al margen de las normas constitucionales o jurídicas que regulan el régimen democrático, prácticamente convierte esas medidas en autoritarias y, por ende, en dictatoriales.
Lamentablemente es esto lo que acaba de suceder con la referida suspensión a Vicepresidenta Abad, pues en ninguna parte de la Constitución ecuatoriana se habla de que un Ministro (a) de Trabajo puede suspender con un sumario administrativo a una autoridad de este nivel y elegida por el pueblo; pues lo único que está estalecido es la destitución por parte de la Asamblea Nacional, a través de un juicio político y en base a los casos establecidos por el artículo 129 de la Constitución.
Lo realizado por el Gobierno en contra de la Vicepresidenta, por lo tanto, resultaría un acto inconstitucional y antidemocrático; agravado, además con una ilegalidad adicional, cuando el Presidente Noboa ha designado una “Vicepresidenta encargada”.
EL Gobierno mediante una retórica confusa y contradictoria ha tratado de justificar lo injustificable, o ha recurrido una vez más a una campaña orientada a deslegitimar la imagen de la Vicepresidenta, sin reparar en que el problema de fondo es la grave violación constitucional que acaba de hacer.
Por lo demás, lo ocurrido no es más que la consumación de un plan que, orquestado desde el inicio de la gestión del Gobierno y valiéndose de cualquier medio, buscaba deshacerse de Abad y evitar encargarle la Presidencia cuando Noboa pida licencia para su campaña para la reelección. EL maquiavelismo se va denotando cada vez con más fuerza en la gestión política del Gobierno actual. (O)
