La audiencia de juicio del caso Metástasis llegó a su fin y tras 29 días el tribunal integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loayza, por unanimidad, determinaron que la Fiscalía General del Estado logró probar la existencia del delito de delincuencia organizada, en el que habrían incurrido 20 de las 21 personas que llegaron a juicio.
Xavier Novillo fue catalogado como autor directo (cabecilla), por lo que recibió una sentencia de 10 años de prisión, mientras que los 19 restantes recibieron entre 9 y 3 años de cárcel, en calidad de colaboradores; las penas mayores se aplicaron a quienes aprovecharon su calidad de funcionarios públicos para delinquir.
Todo tenía un precio
En la diligencia quedó en evidencia cómo Leandro Norero, entre el 25 de mayo del 2022, cuando fue detenido, y el 3 de octubre del mismo año, cuando fue asesinado, movió, desde la prisión, millones de dólares que se entregaron a jueces, abogados, funcionarios penitenciarios y fiscales, a los que les pagó por acciones judiciales favorables para él y para su familia; además de protección y comodidades en el interior de la cárcel.
Los beneficios penitenciarios a los que accedió Norero se aplicaron desde el mismo instante en que fue detenido, ya que contaba con el apoyo de Pablo Ramírez, el general de la Policía Nacional que llegó a ser director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Gracias a Ramírez, Norero fue trasladado a la cárcel de Latacunga y no a La Roca; además, le ingresaban comida, un colchón ortopédico, le permitieron armar a su equipo de seguridad, le dejaban realizar festejos, le protegían y anticipaban sobre los operativos de control de armas.
Sin embargo, nada de lo que recibía Norero era gratis, el evitar que se realice un operativo para requisar armas le costó 200 mil dólares, que se entregaron en efectivo a Ramírez; la intermediaria fue Claudia Garzón, comisionada de pacificación carcelaria nombrada en el Gobierno de Guillermo Lasso.
La gestión de Garzón tampoco fue gratuita, su mediación con Ramírez le costó a Norero dos departamentos, uno en Bogotá y otro en Cartagena; además, le compró un automóvil que le puso a nombre de su hija.
Millones en transferencias
El pago en efectivo, como lo exigió el director del SNAI, no era el común, según se conoció en el caso Metástasis, la mayoría de las ocasiones los pagos se hacían usando el sistema bancario, en el que realizaban transferencias por cantidades pequeñas y por miles de dólares.
Es así como personas como Javier Novillo, juzgado en calidad de autor en el caso Metástasis, llegó a tener en sus cuentas bancarias más de 150 mil dólares, los cuales no pudo justificar, pues en realidad no ejercía el cargo de abogado, sino que compraba funcionarios a nombre de Norero.
Otro de los abogados de Norero, Christian Romero, quien se encuentra prófugo, movilizó 1 millón 700 mil dólares, los cuales se ofrecieron a los policías que integraban la Unidad de Lavado de Activos, para que se encarguen de vigilar la casa de Norero en el norte Quito, inicialmente se entregaron 200 mil dólares.
Otra persona que no temía el cobrar las coimas a través de transferencias era el exjuez del Guayas, Ronald Guerrero, a quien se le encontró 800 mil dólares en sus cuentas, que no tenían ningún respaldo. Solo a Norero le aceptó 300 mil dólares y la entrega de una casa; además le regaló un poni.
Pese a ser guía penitenciaria, a Katherine Guaita nadie la investigó por recibir decenas de depósitos de los colaboradores de Norero; a cambio su esposo, Carlos Mendoza, se encargaba de brindar confort al narcotraficante.
Aunque Norero y su familia estaban evidentemente vinculados con actividades ilícitas (en el juicio se habló de narcotráfico, tráfico de armas y sicariato), logró justificar sus bienes y su dinero, gracias al apoyo de policías como Doris Oviedo, teniente investigadora de lavado de activos, que emitió un informe favorable para que justifique 17 millones de dólares.
Wilman Terán pidió dos millones de dólares
Wilman Téran exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en el caso Metástasis fue juzgado en calidad de colaborador de la estructura criminal dirigida por Leandro Norero, a quien le habría solicitado 2 millones de dólares a cambio fallar a favor de su hermano en un habeas corpus.
Sin embargo, la cantidad le pareció exagerada a Norero, por lo que no aceptó pagarla, a cambio, le dio a Terán 10 mil dólares para que retrase la lectura de la sentencia, lo cual obedeció, con el dinero se habría ido de viaje.
Según se probó en el juicio, Terán no tuvo una relación directa con Leandro Norero, sino que su asesor, Alex Palacios, quien trabajó con él en la CNJ y en el CJ, fue quien mantuvo las conversaciones con Helive Angulo, hombre de confianza de Norero, con quien negoció los pagos.
