Con la Constitución del año 2008 se estableció el famoso fondo partidista y la promoción a los sujetos políticos a través de medios de comunicación y vallas publicitarias financiadas por el Estado. La pregunta: ¿la democracia mejoró?
Claramente no. Hoy los partidos y organizaciones políticas están en una feria a la venta. Se arriendan y compran para cualquier candidatura de temporada. Hay caudillos atrás encargados de la gestión del “negocio” y reportar los balances a tiempo. Nada más. Es eso. Sin una visión orgánica y sustancial de lo que son los partidos en la vida del Estado.
Como señala Sartori, éstos no pueden convertirse en una suerte de maquinarias electorales, listas para una elección y nada más. Su rol es fundamental en la vida institucional y democrática del país. Tienen varias tareas. Ser un eslabón sociedad y Estado. Organizar a la población. Generar opinión y comprensión de la vida institucional. Participar en el debate público. Ejercer oposición. Formar y capacitar a sus simpatizantes y afiliados. Desarrollar actores políticos serios y formados. Y, además, participar en procesos electorales. No necesariamente para ser gobierno. Pero lo señalado, no se ha comprendido en el país desde el paternalismo del dinero público.
Hoy reciben recursos organizaciones políticas que tienen dinero propio y las que no tienen. Reciben las que tienen un ínfimo número de simpatizantes y las que tienen mayores números. Las que están capacitando y las que aparecen solo en elección. Esto no es igualdad. Al contrario, es profundizar las brechas y las distancias. Tan inexistentes son, que hoy, ni siquiera se han pronunciado a favor en contra de la propuesta de eliminar el fondo partidista. Está clarito.
No es la primera vez que la Corte Constitucional se pronuncia sobre la eliminación del fondo partidista. En el dictamen 2-23-RC/23 dijo que se puede hacer vía enmienda. De hecho, si el equipo jurídico del Presidente fuera más oportuno y técnico, lo pudo poner en la consulta popular de abril de 2024 sin necesidad de ir a la Asamblea que hoy se requiere en la propuesta presentada.
Ahora, el camino de la reforma constitucional tomará su tiempo. La Asamblea debe realizar dos debates, mediando 90 días entre ellos, nombrar una comisión ocasional que tiene 60 días para hacer su informe, luego regresará a la Corte Constitucional para evaluar el producto final, considerandos y pregunta, para después ser remitido al CNE y llevar adelante un proceso electoral en no más de 60 días.
Un trayecto largo. Ojalá el país, lo debata con seriedad. (O)
@jchalco
