El Área Nacional de Recreación Quimsacocha se encuentra ubicada en las parroquias Victoria del Portete y Tarqui. Es reconocida por su alta importancia como reserva hídrica y zona de humedales, siendo un sitio crucial para la conservación de recursos naturales y la provisión de agua. En ella nacen los ríos Tarqui, Yanuncay y Rircay. Los dos primeros pertenecen al cantón Cuenca y el tercero a Girón.
El proyecto minero Loma Larga, conformado por las concesiones Cerro Casco, Río Falso y Cristal, cuyo titular es DPMECUADOR S.A., y se ubica en las partes altas de las nacientes de agua mencionadas. A través del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), bajo el régimen de Gran Minería, la compañía pretende licenciar 2.147,16 hectáreas como área operativa del proyecto.
El Segundo Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, el 28 de agosto de 2023, concluyó que hubo vulneración de derechos constitucionales en la fase de Licenciamiento Ambiental de este proyecto minero, basándose en los siguientes argumentos: i) Las actividades mineras generan preocupación debido a su impacto potencial en los recursos hídricos y el medio ambiente. ii) Se enfatiza la aplicación de los principios de precaución y prevención en la evaluación de impacto ambiental y en la emisión de autorizaciones por parte de las entidades competentes. iii) Es responsabilidad del Estado, a través del Ministerio del Ambiente, garantizar la protección ambiental y el manejo sostenible de los recursos hídricos. Como una medida de reparación, se resolvió la elaboración de un estudio técnico por parte de ETAPA EP.
ETAPA EP conformó una Comisión Técnica encabezada por la ingeniera Sandra Barros Pesántez, profesional de reconocida trayectoria. En agosto del año en curso, esta comisión presentó el respectivo Informe Técnico, evidenciando múltiples deficiencias en el EIA elaborado. Entre las observaciones se destaca la incorrecta definición del área geográfica, lo cual aumenta el nivel de incertidumbre sobre los riesgos e impactos ambientales que el proyecto minero podría generar. Impactos incluyen afectaciones en el contexto ecosistémico, biológico, hidrológico, la calidad del agua para consumo humano, y aspectos sociales para las comunidades de Tarqui, Victoria del Portete y Cuenca. Además, no se consideraron los usos actuales del agua, la alteración del ambiente geoquímico, los pasivos ambientales perpetuos con miles de toneladas de relaves tóxicos y drenaje ácido, entre otras inconsistencias.
Es evidente que el Gobierno Nacional, “contra viento y marea”, sin respetar la voluntad popular expresada en las urnas ni los estudios técnicos de ETAPA, pretende autorizar el inicio de la actividad minera. Esto sería nefasto y atentatorio para los cantones de Cuenca y Girón. Ante esta amenaza, el único camino es la protesta valiente de todos los estamentos sociales e institucionales. Más aún, cuando la propia naturaleza nos está enseñando la importancia de proteger las cuencas hídricas, pues el agua es esencial para la vida y supervivencia de nuestra población. (O)
