Desde el 2020 el TCE ha recibido más de 40 denuncias por violencia política de género.
Con las reformas al Código de la Democracia aprobadas en el 2019, que entraron en vigor en el 2020, se comenzó a sancionar la violencia política de género, desde esa época se han presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) más de 40 denuncias por esta infracción electoral calificada como grave.
Sin embargo, la cantidad de denunciantes se ha incrementado en los últimos meses, algunos casos han tenido más notoriedad, como la demanda que la vicepresidenta Verónica Abad impuso en contra del presidente Daniel Noboa y sus ministros, que a su vez fue respondida con denuncias del mismo tipo.
El caso más reciente es la demanda de Teresita Bermeo, la cual fue admitida a trámite en el TCE el lunes 2 de diciembre del 2024, en contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, a quien acusa de aplicar en su contra violencia política de género; la audiencia de este caso se realizará el próximo 16 de diciembre.
Motivo de la demanda
Como prueba de la violencia aplicada por el burgomaestre, Bermeo presentó un video, que se hizo público en marzo del 2024, en el que el alcalde Zamora la señala de ser “recadera política”.
Según Bermeo, el alcalde “con mi foto en la mano, me calificó de recadera política”, lo que ella considera un agravio como madre, hija y mujer, por lo que pidió que el TCE lo sancione.
El conflicto entre Zamora y Bermeo data de finales del año pasado, cuando la actual candidata a asambleísta denunció la existencia de nepotismo en el interior del Municipio de Cuenca; el alcalde la denunció penalmente para exigirle que pruebe sus acusaciones, el proceso sigue en marcha.
Una norma subjetiva
Para Medardo Oleas, experto en Derecho Electoral, existe un abuso en el uso de esta norma aprobada hace cinco años, lo cual tiene origen en su subjetividad y generalidad, pues cualquier mujer que se sienta ofendida puede acogerse a la ley, sin importar el tipo de adjetivo que hayan usado en su contra.
“Si a una mujer que no va a trabajar le digo vaga, dónde está la violencia, cuando es un hecho real que no fue a trabajar. Hay una distorsión entre los derechos que ha promovido un grupo de mujeres, con justa razón, pero que se han excedido con los beneficios que otorga la ley”, recalcó Oleas.
Para el experto, en este abuso de la norma, para presentar demandas y lograr fallos, tiene una gran responsabilidad el TCE que, lejos de establecer jurisprudencia clara sobre lo que se debe o no sancionar, ha acogido y sentenciado casos en los que evidentemente el género de la persona no tenía ninguna relación.
Víctimas quedan desprotegidas
La politóloga Natalia Sierra coincide en que en ciertos casos se ha abusado de la norma, lo cual califica de peligroso, pues se puede relativizar las denuncias y retroceder en derechos ganados, como el derecho de las víctimas reales del abuso político de género, cuyos casos pasarían a ser opacados, ignorados e incluso se vuelven sospechosos.
“Cuando se abusa de una norma jurídica, implica pervertirla, se la utiliza como recurso del ejercicio de poder político, de desprestigio político, los casos reales terminan opacados, se sospecha de cualquier denuncia; lo más grave es cuando son las propias mujeres las que abusan de esta protección, porque al final, todas terminamos desprotegidas”, recalcó la experta.
Las sanciones
La violencia política de género es calificada como una falta electoral grave, que incluye el pago de una multa de hasta 25 Salarios Básicos Unificados (SBU), la suspensión de derechos políticos de participación por dos años, la destitución del cargo, disculpas públicas y capacitación.
Hasta el momento se ha sancionado por esta infracción al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que fue denunciado por la asambleísta Lucía Jaramillo (ADN), a quien llamó “niña vaga”, por las supuestas ausencias durante el período en que trabajó en el Municipio; se le impuso una multa de 21 SBU y pedir disculpas públicas, lo cual anticipó que no realizará.
En espera de resolución están las dos denuncias de Verónica Abad en contra de Daniel Noboa y tres ministros; ademá, la que la canciller Gabriela Sommerfeld y la exconsejera Diana Jácome presentaron en contra de la vicepresidenta; mientras, en otro caso salió bien librado el alcalde de Guayaquil.
