Los habitantes del caserío de Pogue, que hace parte de Bojayá, escenario en 2002 de una de las peores matanzas del conflicto armado colombiano, están confinados por la presencia en esa región de hombres armados pertenecientes a las paramilitares Autodefensas Gaitanistas, según denunciaron líderes de la zona.
«Hay una toma del control por esta gente, los paramilitares», dijo a Efe por teléfono José de la Cruz Valencia, que hace parte del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
Los hombres armados llegaron a la zona el pasado 31 de diciembre, lo que impide la libre movilización de los habitantes de Pogue, situado en una de las márgenes del río Bojayá, en el selvático departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.
Según Valencia, la situación en la zona está «bastante complicada» porque las comunicaciones son además muy malas.
PELIGRO ANUNCIADO
«El tema sigue siendo bastante complicado porque continúa la materialización de lo que se viene denunciando hace unos meses por parte de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia», manifestó el líder social.
El pasado 17 de noviembre, durante los actos de entrega a la comunidad de los restos de cerca de un centenar de víctimas de la matanza del 2 de mayo de 2002 en Bojayá, organizaciones sociales y la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, advirtieron al Gobierno sobre el «inminente riesgo» de que ocurra una nueva masacre en la zona.
«Se ciernen nuevamente hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos», advirtieron entonces en una carta la Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) y la Mesa Indígena del Chocó.
Por eso, Valencia dijo hoy que la presencia de paramilitares es «un punto más que se ha dado en la comunidad de Pogue», de donde procedían muchas de las víctimas de la matanza cometida hace 17 años en Bojayá.
Aquella tragedia ocurrió cuando una bomba lanzada por la guerrilla de las FARC, durante un combate con paramilitares por el control territorial de la zona, cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo y mató a por lo menos 79 personas, aunque otras cifras hablan de 119 muertos y decenas de heridos.
Pese a que la firma de la paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, ahora convertidas en partido político, supuso un alivio para los habitantes de esas remotas localidades, en la zona siguen operando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales.
ADVERTENCIA DE LA ONU
El martes pasado la Misión de Verificación de la ONU presentó un informe sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz en el que señala que la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas de Colombia, entre ellas el Chocó, «sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos».
Resalta que «el deterioro de la situación en el departamento del Chocó es motivo de alarma» pues a comienzos de diciembre la Defensoría del Pueblo «confirmó el desplazamiento de 3.200 miembros de 17 comunidades étnicas del municipio de Alto Baudó y el confinamiento de ocho comunidades afrocolombianas e indígenas debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales».
Ante las denuncias del confinamiento de la comunidad de Pogue, el Ejército informó que el comandante de la Séptima División, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, se trasladó este jueves a ese caserío.
El Ejército indicó en un comunicado que actualmente realiza operaciones militares con 100 hombres en la zona y que «ha ordenado la inserción de 50 hombres más, con el objetivo de contrarrestar las intenciones de los grupos armados organizados del ELN y el Clan del Golfo, que buscan hacerse con el control de las rutas del narcotráfico en esta zona del departamento». EFE
