El exjefe de Inteligencia del expresidente Rafael Correa, Pablo Romero Quezada, requerido por la justicia ecuatoriana por un presunto delito de plagio (secuestro) arribó este viernes a Ecuador tras su captura y extradición de España, y será puesto bajo disposición judicial.
Así lo indicó la titular de Gobierno, María Paula Romo, en su perfil de Twitter al asegurar que «la Policía de Ecuador ha cumplido con la disposición de la Justicia de trasladar a Ecuador a Pablo Romero, quien se encuentra ya en Quito y será puesto de inmediato a órdenes de los jueces».
La ministra reconoció y agradeció asimismo la actuación del embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán.
Romero Quezada llegó al país andino por la tarde en un vuelo comercial de la compañía española Iberia, escoltado por dos agentes de la Policía Nacional ecuatoriana, según informó el jefe de Interpol en Ecuador, Hernán Patricio Uzcátegui.
En una rueda de prensa ofrecida en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el responsable de la Organización Internacional de Policía Criminal, detalló que el detenido fue entregado por las autoridades españolas a las ecuatorianas en la población de La Manga, en el sureste de la península ibérica.
«El Estado ecuatoriano, a través de la Policía Nacional del Ecuador, la Dirección Nacional de la Policía Judicial, la Oficina Central Internacional Interpol en Quito, se encuentra ejecutando el operativo de extradición del ciudadano Pablo R.», manifestó Uzcátegui.
Confirmó que al aprehendido se le leyeron sus derechos, se le efectuó un registro corporal antes de partir rumbo a Ecuador, y que una vez en este país culminará el procedimiento trasladándolo a unidades de flagrancia para realizarle un registro biométrico y médico.
Una vez haya superado el trámite, las autoridades judiciales determinarán su ingreso en un centro de privación de libertad, que según adelantó el alto cargo de Interpol, será en el centro de detención provisional El Inca, en el norte de Quito.
Romero Quezada tenía varios procesos legales abiertos en España, donde debía comparecer de forma periódica ante sede judicial a raíz de una medida cautelar, aclaró Uzcátegui.
El detenido ha sido imputado por un caso de intento de secuestro en Colombia en 2012 del político Fernando Balda, opositor declarado de Rafael Correa, cuando era responsable de la Senain, el servicio secreto de Ecuador.
El ecuatoriano fue detenido el pasado 18 de febrero por orden de la Audiencia Nacional española y se ordenó su ingreso en prisión a la espera de formalizar su entrega, a la que se procedió este viernes, informaron a Efe fuentes jurídicas.
El arresto se produjo veinte meses después de que la Justicia española lo dejara en libertad tras su primera detención en ese país por su presunta implicación en el intento de secuestro de Balda.
Una vez que las autoridades ecuatorianas solicitaron la entrega del antiguo jefe de los servicios de Inteligencia, la Audiencia Nacional española accedió a la extradición.
La jueza nacional ecuatoriana Daniella Camacho considera que Romero Quezada es el presunto responsable del operativo por el que agentes secretos ecuatorianos, bajo sus órdenes, supuestamente intentaron secuestrar a Balda en agosto de 2012 en Colombia.
Balda estuvo retenido durante unos noventa minutos, pero la Policía colombiana frustró el secuestro a raíz de la llamada de un taxista.
Por esta causa fueron condenados dos agentes secretos ecuatorianos, como testigos de cargo, a un año y nueve meses de prisión, dado que ambos colaboraron con la Justicia y señalaron al expresidente Correa (2007-2017) y a Romero Quezada como presuntos responsables de ordenar el secuestro.
El exmandatario, que reside en Bélgica, también se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana por el mismo caso, como presunto autor intelectual del plagio.
Romero Quezada solicitó asilo político en España, pero no se le notificó una respuesta, según indicaron a Efe fuentes de su entorno.
La organización Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (RED) ecuatoriana ha rechazado la entrega a Ecuador de quien consideran «un perseguido político», según su secretario general, Manel García, quien la atribuye a una presunta «persecución política sistemática» a quienes participaron del Gobierno de Correa. EFE
