El descubrimiento de una red de corrupción en la entrega de carnés de discapacidad en Ecuador, para tres familias de personas con discapacidad es una oportunidad para exigir el respeto de los derechos de estas.
Se trata de dos hogares de Cuenca y uno de Gualaceo, los dos cantones más grandes de la provincia de Azuay. En el primero de estos están registradas 20.609 personas que pertenecen a este sector de la población.
Mientras que en Gualaceo constan un total de 1.836, esto de acuerdo con datos que maneja el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).
Lourdes Huiracocha es la directora del Centro de Neuro Desarrollo Huiracocha Tutivén, que es un establecimiento de atención integral en neurodesarrollo para niños y adolescentes, y sus familias.
Ella tiene un Phd en el área de discapacidad y desarrollo en niños, y tiene un hermano con síndrome de Down, de 50 años, por lo que conoce de cerca este tema.
“He podido vivenciar de cerca la dificultad que tienen ellos y sus familias para sacar un carné de discapacidad, porque el sistema de salud no está adecuadamente estructurado para una calificación oportuna…”, dijo.
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Y agregó: “la definición de discapacidad es la existencia de una deficiencia orgánica permanente, es decir, por ejemplo, tiene una dificultad en el cerebro, una amputación de un brazo, le falta una pierna…”.
La discapacidad es cuando esto provoca restricción en las actividades de la vida diaria y dificultades en la participación. Esto se complementa con las barreras que imponga la sociedad y le impidan desarrollarse.
Cree que “esta es una oportunidad para expresarse todos los padres, toda la comunidad que tiene personas con discapacidad cercanas, para denunciar lo que cotidianamente ha estado sucediendo…”, expresó.
Según Huiracocha, en Cuenca hay una sola escuela pública especial para estas personas, mientras que el resto son creadas por fundaciones y padres de familia, que compiten todos los años por fondos del Estado.
A decir de esta profesional, el Conadis tiene estimaciones que dan cuenta de que por cada 25 personas hay una con discapacidad, y solo entre un 10% y un 30% de estas puede acceder a un tipo de terapia.
Priscila Gavilánes Vintimilla es madre de Fabián Esteban Calderón, de cuatro años, quien tiene síndrome de Down. Cuando nació le dieron un prediagnóstico.
Para ella y su esposo fue difícil tramitar el carné de discapacidad para su pequeño. Tuvieron que ir al Conadis, Ministerio de Salud Pública y al centro de salud de Baños.
Cuando al fin obtuvieron una cita para el diagnóstico, les enviaron a donde un médico y este los derivó a donde un psicólogo, que finalmente calificó al niño con un 40% de discapacidad más 1% por su condición económica.
“Me indigna que personas que están ganando mucho dinero, incluso de manera fraudulenta cometan un fraude al obtener este carné dolosamente y hagan uso para un beneficio que no les corresponde…”, añadió.
El suplicio que tuvo que pasar esta familia también lo vivió Marco Rodas de 26 años, de Gualaceo, pero la diferencia es que hasta ahora él no puede obtener su carné.
Inició el trámite hace dos años cuando su problema de ceguera se agravó debido a un accidente de tránsito. Por la falta de visión incluso ya no sale de casa y tuvo que dejar su trabajo.
“Es frustrante saber que personas compran carros de lujo y se benefician de un derecho que es nuestro, es indignante ver como la gente se burla de la justicia y se burla de los pobres…”, sostuvo. (CSM)-(I)
