El Estado ecuatoriano negó este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) su responsabilidad en la desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbó, quien estaba internado en el hospital psiquiátrico Julio Endara, en Quito, en el año 2004.
En el segundo y último día de audiencia virtual, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, escuchó los alegatos orales finales de las partes, en los que los representantes de la víctima alegaron una desaparición forzada y negligencia en la investigación, mientras que el Estado negó los cargos y afirma que el paciente abandonó el hospital por su cuenta.
La agente del Estado María Fernanda Álvarez dijo que las autoridades ecuatorianas han «realizado múltiples diligencias de investigación» que continúan activas, y que nunca hubo una privación arbitraria de la libertad del paciente y ni una desaparición forzada.
«El consentimiento informado admite excepciones. Una de estas es por casos de emergencia médica con la finalidad de estabilizar el paciente y que recupere su autonomía», dijo Álvarez.
La representante estatal dijo que la arquitectura del hospital «no estaba diseñada para que los pacientes se sientan encerrados ni alejados del exterior» ni para funcionar como un centro de privación de libertad.
«No existe un acto de autoridad que haya ordenado la privación de libertad, sino una recepción de un paciente en caso de emergencia a pedido de su madre», declaró.
Por su parte, la abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos de Ecuador, Pamela Chiriboga, afirmó en calidad de representante de la víctima que el caso reúne los elementos para que sea considerado como una desaparición forzada, pues el paciente estaba bajo custodia del Estado, hubo privación de libertad y las autoridades negaron información a la familia.
«Solicitamos medidas de reparación. El derecho a conocer la verdad. Conocer el paradero de las víctimas es un acto de justicia, solicitamos la búsqueda certera de Luis Eduardo o de sus restos mortales», declaró Chiriboga.
La representante de las víctimas también pidió a la Corte Interamericana que ordene al Estado investigar los hechos y sancionar a los responsables.
La representación de la víctima señaló que los funcionarios del hospital nunca informaron a la familia acerca del abandono del hospital del paciente, sino que su madre se enteró un día después cuando lo fue a visitar al centro médico.
La demanda acusa al Estado ecuatoriano de violar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la personalidad jurídica del paciente Guachalá Chimbó.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encarga de presentar las demandas ante la Corte IDH, refutó los alegatos del Estado y consideró que en este caso existen violaciones a diversos derechos.
La vicepresidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, afirmó que «el Estado privó arbitrariamente la libertad y desconoció la capacidad jurídica» del paciente y que hubo una «ausencia de consentimiento informado», lo que se constituye en una «violación al derecho a la salud y una discriminación por su condición de discapacidad mental».
«Este caso no sólo representa una oportunidad para que la señora Zoila Chimbó (madre del paciente) y Luis Eduardo Guachalá puedan alcanzar justicia y reparación, y para garantizar los derechos de las personas con discapacidad que no encontraron otra opción que la de ser institucionalizadas sin su consentimiento», expresó la vicepresidenta de la CIDH.
Después de esta audiencia, las partes tienen un mes para entregar los alegatos finales escritos y a partir de entonces la Corte IDH podrá emitir una sentencia en los siguientes meses. EFE
