El incremento del precio del diésel, de 1,037 dólares el galón (gal), que costaba en mayo, a 1,245, que vale actualmente, preocupa a las siete ramas de la transportación pública y comercial en Cuenca.
Y precisamente este fue uno de los motivos por los que representantes de estas organizaciones del transporte: buses, taxis, camionetas, furgonetas, de carga liviana, de carga pesada, y de servicio turístico, ayer hicieron una marcha.
Primero se reunieron en diferentes sectores de la ciudad y luego fueron hasta la zona de San Blas, para exigir además a la Prefectura de Azuay que no reanude el cobro de la tasa solidaria, que fue eliminada en diciembre de 2019.
Este era un impuesto que pagan los propietarios de vehículos que se matriculaban en la provincia de Azuay, y que permitía recaudar cada año cerca de 4.500.000 dólares, que eran entregados a municipios y juntas parroquiales para obras viales.
Un grupo de dirigentes fue recibido por Cecilia Méndez, prefecta de Azuay, y más tarde por José Jaramillo, gobernador de Azuay. También buscaron reunirse con Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, pero esto no se concretó.
Méndez indicó que al menos hasta 2022 no está contemplado el retorno de la tasa solidaria, mientras que Jaramillo se comprometió a trasladar el pedido sobre el diésel al Gobierno Nacional.
Manolo Solís, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca (CTC), que reúne a los 475 buses urbanos de esta ciudad, explicó que diariamente deben destinar unos 30 dólares para abastecerse de combustible. Antes lo hacían con unos 25.
Detalló que cada día tienen que producir al menos 150 dólares por cada unidad para mantener el servicio, pero esto no se consigue, por lo que la operación está en evidente riesgo.
“Esto se va a agravar más, pues en enero tenemos que hacer los pagos de los créditos que pedimos para renovar la flota vehicular que nos obligó el concejo cantonal…”, expresó. La deuda total asciende a unos 60.000.000 de dólares.
Para Solís es urgente que el Municipio de Cuenca cancele el subsidio, que llega a, aproximadamente, un millón de dólares, para en algo aliviar las finanzas de esta organización.
El problema por el aumento del precio del diésel, en casi un 25%, también lo enfrenta la Asociación de Transporte Pesado del Austro (ATPA), cuyo presidente es Marcelo Orbe.
Antes ellos en promedio gastaban unos 125 dólares por día para cargar unos 110 gal de combustible. Ahora son 150 dólares, y el valor de los fletes se mantiene e incluso ha bajado debido a la gran oferta que hay.
“Hay una sobreoferta de este transporte, pues en 2008 éramos 580 operadoras y hoy son 5.800 en todo el país… Hemos crecido en gran proporción y en estos años la carga ha crecido máximo en 1,5%…”, precisó.
Por otra parte Omar Quito, presidente de la Federación de Transporte Mixto del Azuay (Fetamixa), sostuvo que están en contra de la creación de nuevas compañías, del alza del diésel y de una eventual reactivación de la tasa solidaria.
Indicó que para una jornada laboral en promedio consumían diariamente unos 10 dólares de combustible, y ahora son 12,50. Asimismo, dijo que son unos 780 transportistas de 76 compañías, y que se pretenden crear unas 20 más.
Para Rolando Zamora, del gremio de transporte escolar e institucional, es urgente el apoyo de las autoridades dado que debido a que las clases presenciales están suspendidas prácticamente se han quedado sin trabajo.
“Pedimos que nos digan una fecha para el inicio de las clases, que nos den una moratoria para pagar las deudas por la compra de los vehículos y que se hagan mayores controles para evitar la informalidad…”, señaló.
Acotó: “el poco trabajo que a veces tenemos transportando al personal de fábricas e instituciones se ve afectado porque hay quienes ofrecen el servicio más barato, pues son vehículos particulares que no pagan ningún impuesto…”, precisó.
De acuerdo con Mesías Vicuña, secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Azuay, los recursos para el mantenimiento vial no deben salir de los dueños de los automotores sino ser entregados por el Gobierno Nacional.
El dirigente mencionó que 60 parroquias rurales desde 2014 no han recibido lo que correspondía por la tasa solidaria, porque no tuvieron el 30% de fondos de contraparte que les tocaba aportar.
Por eso considera que no hubo una distribución equitativa de estos recursos públicos, y que inclusive se destinaron para otras actividades ajenas al mantenimiento vial.
Los dirigentes del transporte terminaron la protesta con la advertencia de que en caso de no ser escuchados apostarán por una movilización masiva con sus familias para reclamar atención y acciones emergentes. (CSM)-(I)
