Ecuador ha notificado a la petrolera estadounidense Chevron que apelará la sentencia dictada en septiembre por una corte de La Haya en el segundo laudo parcial dentro de este famoso caso de contaminación en la Amazonía.
Así lo indica la Procuraduría General del Estado ecuatoriano en un comunicado en el que precisa que este pasado martes «notificó a Chevron su decisión de interponer un recurso de apelación de la sentencia emitida por la Corte Distrital de La Haya, que rechazó la demanda de nulidad del Segundo Laudo Parcial» en el caso.
Dicha sentencia fue emitida el 16 de septiembre, cuando Ecuador buscaba revertir una decisión dictada en 2018 en primera instancia por un tribunal internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, también en La Haya.
Con la anunciada apelación, el país andino insiste en «la solicitud de anulación del laudo arbitral que determinó la responsabilidad del Estado en favor de la empresa» petrolera por una sentencia de 2011 de un tribunal de la ciudad de Lago Agrio (norte de Ecuador).
Dicha sentencia, consideró a Chevrón responsable por daños medioambientales que Texaco, empresa adquirida por Chevron en 2001, supuestamente provocó en la Amazonía ecuatoriana y la obligaba a indemnizar con 9.500 millones de dólares.
Pero la multinacional estadounidense alegó que fue obtenida «a través de fraude, sobornos y corrupción», rechazó la legitimidad de la corte ecuatoriana y recurrió al tribunal arbitral de La Haya, quien se pronunció en 2018 a su favor.
Ecuador apeló esa sentencia y en septiembre la Corte Distrital de La Haya rechazó el pedido de anulación planteado por el país andino.
Chevron se ha visto respaldado así en su argumento de que la Justicia ecuatoriana se determinó mediante un fraude y corrupción por parte del equipo jurídico de los demandantes, incluyendo el soborno del juez y la redacción clandestina de la sentencia, según la empresa.
El tribunal de La Haya estableció, además, que la sentencia ecuatoriana es «inejecutable bajo el derecho internacional» y desestimó las acusaciones ambientales contra la petrolera, ya que una de sus subsidiarias ejecutó un programa de reparación en la zona de la Amazonía que operó entre 1964 y 1990.
Ese programa, agregó la compañía en septiembre, fue supervisado y aprobado por el Gobierno de Ecuador de entonces, que liberó y exoneró a la petrolera de las reclamaciones ambientales.
Además, sostiene que entregó el campo a una empresa estatal, por lo que «cualquier responsabilidad por las actuales condiciones ambientales en Ecuador recaen exclusivamente» en esa empresa, que «continúa operando hoy en la misma área». EFE
