Descubrir la sostenibilidad de las propuestas electorales, priorizar las políticas de los candidatos y fundamentar las campañas es el objetivo de la plataforma comparativa «Ecuador decide», creada para informar de forma objetiva a la población ecuatoriana sobre el proceso electoral en curso.
«Es una iniciativa ciudadana e independiente que busca un diálogo y la participación democrática», para que «la ciudadanía entera se entere de las propuestas programáticas», dijo en su presentación Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro.
El proyecto, lanzado por este think-tank por cuarta vez, es ejecutado en alianza con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el medio GK, además del apoyo del Instituto Nacional Demócrata y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia.
Versión anteriores de la iniciativa fueron aplicadas en las elecciones presidenciales de 2017, en la consulta popular de 2018 y en las elecciones seccionales de 2019, con un índice acumulado de ingreso de 1,74 millones de visitas, un proceso en auge y que demuestra que el votante se interesa cada vez más por las propuestas de sus candidatos.
En las elecciones del próximo 7 de febrero, algo más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir 144 cargos públicos: presidente y vicepresidente (en tándem), 137 legisladores y 5 miembros del Parlamento Andino.
Los comicios de este año se caracterizan por una inusual número de candidatos en todos ellos: 16 binomios presidenciales, más de 2.000 aspirantes al Parlamento y unos 100 al Parlamento Andino.
Todo ello dificulta aún más, si cabe, la decisión del votante de cara a esta crucial cita, con cientos de ideas que no siempre permiten hacer una síntesis de homogeneidad entre propuestas y creencias políticas e ideológicas.
Según Muñoz, «Ecuador decide» ha revisado más de 1.500 propuestas de los candidatos en los 16 temas tipificados como prioritarios, y solo el 55,5 % de los casos incluyen también la forma de ejecución de esas propuestas.
Además, solo 26,7 % dice a quién van dirigidas esas propuestas, y el 50 % de todas ellas han sido presentadas por apenas 4 de los 16 binomios presidenciales.
VOTO INFORMADO
En la pestaña «Voto informado» el visitante encuentra el resumen de la temática en general, explicó Estefanía Terán, directora de Área de Democracia, Transparencia y Ciudadanía Activa del Grupo Faro.
«Verán información concisa, clara, clave y verificada sobre la temática (seleccionada), los cambios introducidos por este Gobierno, las políticas vigentes, las estadísticas más relevantes y los retos de Gobierno», explicó.
Todo ello para que cuando el candidato haga sus propuestas en público, el votante pueda realmente saber si tienen o no fundamento.
La información política que consta en el sitio procede de los propios candidatos y partidos, y del Consejo Electoral, estableciendo 16 categorías temáticas que van desde la educación a la pobreza, y pasando, entre otros, por empleo, manejo fiscal, derechos humanos, digitalización o cambio climático.
Pero a diferencia de las campañas de los candidatos, el sitio detalla también la forma en la que estos piensan ejecutar esos planes, o la carencia de esa información, ofreciendo al ciudadano una imagen de 360 grados de toda la propuesta.
Y en un mundo plagado de «fakenews» también la posibilidad de verificar las propuestas, es decir, su sostenibilidad con base en parámetros objetivos.
Una de sus novedades es la posibilidad de comparar propuestas de los candidatos, hasta tres en ordenador normal y dos en teléfono móvil, y ver las diferencias entre ellos en cada tema.
Una información que ha sido priorizada por los investigadores del Grupo Faro en coordinación con los propios candidatos, que han querido participar en la iniciativa.
Bajar impuestos, crear millones de empleos, préstamos al 2 % y hasta internet gratis son algunas de las propuestas más atrevidas presentadas por los candidatos a estas elecciones, que no siempre cuentan con la base estructural, legal y administrativa para sacarlas adelante.
De esta forma, algunas de ellas son inconstitucionales, ilegales o imposibles de ejecutar, o bien exigirán una amplia reforma legal para poder salir adelante. EFE
